12.250 millones para el chip: España soñó con una megafábrica y está construyendo otra cosa
El PERTE Chip fue dotado sobre el papel con 12.250 millones de euros, de los que 9.350 se reservaron inicialmente para capacidad de fabricación. Cuatro años después, el gran proyecto internacional de back-end de Broadcom se dio por caído y España no tiene confirmada ninguna planta comercial de chips lógicos avanzados.
Cuando en 2022 el Gobierno presentó su gran plan para los semiconductores, la ambición era inequívoca: situar a España en el mapa mundial de la fabricación de chips, esa tecnología diminuta y estratégica de la que depende absolutamente todo, desde un coche hasta un misil, y cuya escasez durante la pandemia paralizó fábricas en medio planeta.
El proyecto llegaba con una cifra deslumbrante, 12.250 millones de euros, y con un objetivo que ocupaba el centro del plan: atraer plantas de fabricación, incluida producción de vanguardia por debajo de los cinco nanómetros, el territorio donde solo compiten un puñado de gigantes asiáticos y estadounidenses.
Cuatro años después, conviene mirar qué ha quedado de aquella ambición. Y la respuesta, contada sin triunfalismo pero sin derrotismo, es reveladora: la gran fábrica no ha llegado. El gran proyecto internacional que se había anunciado, una planta de ensamblado y encapsulado de la estadounidense Broadcom valorada por el Gobierno en hasta 1.000 millones de dólares, se dio por caído en 2025. A julio de 2026, España no tiene ningún proyecto confirmado de fabricación masiva de chips lógicos avanzados.
España soñó con una gran fábrica de chips y ha acabado construyendo otra cosa: no una fundición, sino un archipiélago de capacidades especializadas que aún debe demostrar que forma una industria.
Pero sería un error concluir de ahí que la apuesta ha fracasado. Lo que ha ocurrido es más interesante: la cartera de proyectos que España ha conseguido materializar revela un viraje de facto. Aunque el marco formal del PERTE no ha renunciado a la fabricación, los proyectos que de verdad avanzan dibujan una especialización distinta: en lugar de una megafábrica de silicio, un conjunto de capacidades en los eslabones de la cadena donde el país sí puede competir. Este es el relato de ese desplazamiento, y de las preguntas que deja abiertas.
La letra pequeña de los 12.250 millones
Cualquier análisis serio de la apuesta española por el chip tiene que empezar deshaciendo un equívoco: los 12.250 millones de euros del PERTE de microelectrónica y semiconductores no son, ni de lejos, 12.250 millones en subvenciones repartidas. Esa cifra describe la capacidad financiera del programa anunciada en 2022, no lo que se ha gastado.
La distinción es crucial y a menudo se difumina. En 2023, una adenda al Plan de Recuperación transformó la naturaleza de la mayor parte de ese dinero: 10.750 millones pasaron a formar el llamado Mecanismo de Financiación del Chip, gestionado por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Es decir, la mayor parte del PERTE no se articula como subvenciones a fondo perdido, sino mediante préstamos, participaciones en el capital de empresas y otros instrumentos financieros potencialmente recuperables, que solo se movilizan cuando se cierra una operación concreta. Y una participación en capital puede recuperarse con plusvalía, hacerlo solo en parte, permanecer inmovilizada durante años o generar pérdidas.
Entre el presupuesto anunciado y una instalación produciendo chips media, por tanto, un largo camino de fases —dinero comprometido, operaciones aprobadas, contratos adjudicados, obras ejecutadas— que no conviene confundir.
¿Cuánto se ha ejecutado realmente? Aquí aparece una de las opacidades del programa: no hemos localizado (aunque puede que exista) un cuadro público único y actualizado que permita responder con precisión cuánto de esos 12.250 millones se ha comprometido, formalizado y desembolsado. El último agregado público disponible es una declaración de la SETT de diciembre de 2025, cuando situaba en cerca de 1.000 millones las operaciones aprobadas vinculadas a semiconductores. Pero esa cifra ha quedado desactualizada tras las inversiones formalizadas en 2026 —como los 752 millones de Diamond Foundry— y, además, "aprobado" no equivale a desembolsado ni a convertido en activos que funcionen. Lo honesto, por tanto, no es hablar del titular global, sino ir proyecto por proyecto. Y ahí es donde la historia se vuelve concreta.
La fábrica que no fue
El diseño original del PERTE reservaba 9.350 millones para plantas de fabricación, de los cuales 7.250 se destinaban específicamente a tecnología por debajo de cinco nanómetros. Esa era la joya de la corona: atraer a España una fábrica de chips de vanguardia, capaz de competir con Taiwán o Corea. Cuatro años después, esa fábrica no existe y no hay ningún proyecto equivalente confirmado a corto plazo.
El golpe más significativo fue la caída de Broadcom. En 2023 se anunció la intención de la compañía estadounidense de instalar en España una planta dedicada al ensamblaje, encapsulado y prueba de chips —el llamado back-end, la fase final de la cadena, en la que el país es especialmente débil—, en una inversión que el Gobierno cifró en hasta 1.000 millones de dólares, aunque la propia Broadcom nunca anunció públicamente una cantidad concreta.
La gran fabricación de chips lógicos avanzados, que ocupaba el centro del plan, es justo la parte que menos se ha materializado.
El proyecto se dio por caído en julio de 2025, después de que Reuters recogiera una información de Europa Press basada en fuentes conocedoras de las negociaciones. Ni Broadcom ni el Ministerio hicieron pública una confirmación o una explicación del desenlace. La caída importa por partida doble: porque ese proyecto habría cubierto una de las mayores carencias industriales del país, y porque uno de los mayores anuncios asociados al PERTE desapareció sin un cierre institucional transparente. A día de hoy no se ha confirmado ningún sustituto de escala equivalente.
El otro gran nombre internacional, Cisco, mantiene activo su centro de diseño de chips en Barcelona, anunciado en 2022 como el primero de la compañía en la Unión Europea. Pero conviene ser precisos: es un centro de diseño, no una fábrica, y la empresa no ha hecho públicos ni su inversión, ni su plantilla concreta, ni sus resultados. No resuelve, por tanto, la ausencia de producción.
La conclusión es más o menos incómoda pero también clara: la gran fabricación comercial de chips lógicos avanzados, que ocupaba el centro del diseño inicial y absorbía tres cuartas partes del presupuesto original, es la parte que menos se ha materializado. Y no por falta de voluntad, sino por una realidad que conviene entender.
Por qué fabricar chips punteros es tan difícil
La dificultad no es española, sino estructural, y ayuda a poner el viraje en contexto. Construir una fábrica de semiconductores de última generación puede costar, según su configuración, entre 20.000 y 40.000 millones de euros, una cifra que supera con holgura el presupuesto total del PERTE. Y no basta con levantarla: la tecnología envejece a tal velocidad que exige reinversiones de miles de millones cada pocos años solo para no quedarse atrás. Diseñar un único chip de vanguardia puede acercarse a los 1.000 millones si se suman la propiedad intelectual, las herramientas, la verificación y las primeras series.
A eso se añade que la cadena mundial del chip está extraordinariamente concentrada, con cada gran actor ocupando una posición especialmente fuerte en un eslabón: Taiwán en la fundición avanzada, Corea del Sur en las memorias, Estados Unidos en el diseño y las herramientas, Japón en ciertos materiales y maquinaria, y los Países Bajos en la litografía de precisión sin la cual ninguna fábrica avanzada funciona. La OCDE estima que China, Taiwán, Corea, Japón y Estados Unidos concentran cerca del 90% de la capacidad mundial de fabricación de obleas, y que más del 90% de los chips lógicos de vanguardia salen de una sola compañía, la taiwanesa TSMC.
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Contra esa realidad, la idea de que un país de tamaño medio pueda instalar de la noche a la mañana una fábrica competitiva de vanguardia era, sencillamente, poco realista. Lo que nos lleva a lo que España sí está construyendo.
Conviene, antes, una precisión, porque "fabricar chips" puede significar cosas muy distintas y en este reportaje aparecen varias. Una fundición avanzada crea los circuitos sobre obleas de silicio (el llamado front-end); el back-end los corta, encapsula, ensambla y prueba; una línea piloto desarrolla procesos y fabrica prototipos o series preindustriales; el diseño fabless concibe los circuitos y los envía a fabricar fuera; y aún hay empresas que producen materiales y sustratos, circuitos fotónicos o equipos de metrología e inspección. España está avanzando en varias de esas capas, pero ninguna equivale por sí sola a una gran fábrica comercial de procesadores avanzados. Tenerlo presente evita leer todos los proyectos que siguen como versiones pequeñas de la misma fábrica.
El viraje: de la megafábrica a las capacidades especializadas
Si el gran proyecto de fabricación no ha llegado, ¿en qué se ha traducido entonces la apuesta española? En una cartera de proyectos más pequeños, más especializados y repartidos por la geografía, distinta de la que ocupaba el centro del planteamiento inicial: en lugar de una gran fábrica generalista, un conjunto de capacidades en los nichos donde España tiene ciencia y talento. Conviene recorrer los más sólidos, siempre distinguiendo lo que ya funciona de lo que todavía es promesa.
El buque insignia es el Centro de Semiconductores de Málaga, la iniciativa más citada y una de las más sólidas. Es importante entender qué será y qué no será: no una fábrica de producción masiva al estilo de TSMC o Intel, sino un centro de I+D, prototipado y preindustrialización, con una sala blanca capaz de trabajar con obleas de 300 milímetros para desarrollar y validar procesos antes de transferirlos a la industria. Su gran activo es el socio: imec, el centro belga de nanoelectrónica, uno de los centros de investigación en nanoelectrónica más relevantes del mundo, que será el operador científico y tecnológico del complejo, una nueva línea piloto especializada suya en Málaga y la primera gran instalación española de I+D sobre obleas de 300 milímetros.
Eso aporta un conocimiento industrial casi imposible de construir desde cero y credibilidad ante los grandes fabricantes. El Gobierno ha comprometido 500 millones para el proyecto, del que en mayo de 2026 se adjudicaron algo más de 168 millones en contratos de infraestructura y construcción, con una ejecución que la documentación contractual extiende hasta finales de 2029. Pero, y esto es esencial, el centro todavía no está construido: tiene financiación, ubicación, operador y contratos, pero deberá edificarse, equiparse, dotarse de personal y atraer usuarios industriales. Su impacto tardará años en medirse.
En paralelo, la mayor operación industrial por volumen es Diamond Foundry: en mayo de 2026 la SETT formalizó una inversión pública de 752 millones —con una participación del 32%— dentro de un proyecto que aspira a movilizar 2.350 millones hasta 2029, con producción de diamante sintético en Trujillo y una planta de acabado de obleas en Zaragoza. No es una fábrica de chips de silicio convencional, sino de sustratos de diamante para aplicaciones de alta potencia, frecuencia y gestión térmica. La compañía ha iniciado los trabajos en Zaragoza, pero sus resultados comerciales son todavía una previsión.
La fotónica —circuitos que guían y procesan señales ópticas dentro del chip, especialmente útiles en comunicaciones, sensores y centros de datos— es uno de los terrenos donde España tiene más masa científica. Ahí destacan Sparc, en Vigo, con 17,2 millones de inversión pública, primera piedra colocada en enero de 2026 y una planta prevista para 2027; y Attypics Photonics, en Valencia, surgida de la Universitat Politècnica de València. Conviene, eso sí, no equiparar su grado de madurez: Sparc ya ha iniciado las obras, mientras que Attypics, creada en abril de 2026, cuenta con su primera fase financiera aprobada —24,5 millones dentro de un primer tramo de 50— y todavía debe desarrollar sus instalaciones. En ambos casos, las capacidades y el empleo son aún objetivos, no realidades.
Ese mismo mapa de nichos incluye otras piezas que completan el cuadro y que ilustran justo la especialización hacia la que se desplaza el país. En materiales alternativos, la empresa Ideaded, en Viladecans, ha recibido 9,5 millones de inversión pública para ampliar su planta piloto y desarrollar microelectrónica sobre sustratos flexibles, aunque su primera oblea fabricada internamente sigue siendo un objetivo para 2026. En chips seguros, la SETT participa con 19,6 millones y el 49% en Quantix Edge Security, que prepara en Murcia un centro de diseño y caracterización de microcontroladores y elementos seguros, con la primera piedra prevista para el otoño de 2026. Y en equipamiento, la spin-off canaria Wooptix ha recibido cuatro millones para su especialidad, que no son chips sino equipos de metrología para medir la topografía y las deformaciones de las obleas durante la fabricación: un recordatorio de que una industria de semiconductores no la forman solo diseñadores y fábricas, sino también proveedores de materiales, equipos, software y encapsulado.
Y luego está el eslabón en el que la fortaleza española resulta más visible: el diseño. En esta capa el valor principal reside en el diseño y la propiedad intelectual, mientras que la fabricación avanzada suele externalizarse a fundiciones extranjeras. El Barcelona Supercomputing Center es un núcleo europeo de diseño de procesadores abiertos RISC-V, con su familia Lagarto y la coordinación del proyecto europeo DARE, que agrupa a 38 socios y 240 millones de presupuesto para desarrollar una pila tecnológica europea completa.
La empresa Semidynamics, también de Barcelona, completó en diciembre de 2025 su primer tape-out de tres nanómetros con TSMC —un hito de diseño por el que el circuito se da por listo y se envía a fabricar, previo a la producción comercial— y ha recibido después una inversión estratégica del gigante coreano SK hynix. Openchip, igualmente barcelonesa, supera los 300 trabajadores y participa en el gran proyecto europeo de microelectrónica (el IPCEI) y en iniciativas de computación avanzada. A ellas se suman casos como el de energHius, spin-off surgida de la investigación en microelectrónica de bajo consumo de la Universidade de Santiago y su centro CiTIUS, que diseña microchips capaces de alimentarse de la energía del ambiente, o las valencianas iPronics y HYPIC en fotónica. El grueso de la fabricación se externaliza, pero es en el diseño donde reside hoy la fortaleza más creíble del país.
Los cimientos que ya existían
Toda esta actividad no parte de cero. España cuenta desde hace años con una infraestructura pública de microelectrónica modesta pero real, que ahora cobra nuevo valor. El Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM), del CSIC, dispone de una de las principales salas blancas de acceso abierto del país, con capacidad para fabricar en torno a 2.000 obleas al año —principalmente de 100 y 150 milímetros, frente a los 300 habituales en buena parte de la fabricación industrial de alto volumen— y una larga experiencia en sensores, MEMS y dispositivos de potencia.
El IMSE-CNM de Sevilla, referente en diseño de circuitos, participa además en una de las iniciativas europeas que intentan reducir una dependencia menos visible pero igualmente estratégica: la de las herramientas con las que se diseñan los chips. Antes de enviar un diseño a una fundición hacen falta programas de simulación, verificación y diseño físico, un software de automatización (EDA) hoy dominado por unos pocos proveedores extranjeros y cuyo coste limita el acceso de pymes, startups y grupos universitarios. El instituto forma parte del proyecto ODE4EC, impulsado por la Chips Joint Undertaking europea con más de 15 millones de euros y tres años de duración, para desarrollar un entorno abierto de automatización del diseño de circuitos analógicos, de señal mixta y de radiofrecuencia. Y la red MICRONANOFABS, repartida entre Barcelona, Valencia y Madrid, permite a universidades y empresas usar salas blancas sin construir la suya propia.
España diseña hoy más chips de los que fabrica. El diseño, la fotónica y los materiales son los eslabones donde el país muestra su fortaleza más visible.
Son instalaciones de I+D y series cortas, no fábricas comerciales. Pero explican por qué España puede aspirar a jugar en el diseño, la fotónica o el prototipado: hay una base científica previa sobre la que construir. Los nuevos centros de Málaga y el catalán InnoFAB —un proyecto de preproducción de 404 millones cuyo convenio se formalizó en julio de 2026, todavía sin construir— buscan precisamente dar el salto que hoy falta: de líneas de menor diámetro y series cortas a procesos de 300 milímetros más próximos a la preproducción industrial.
El cuello de botella que ningún millón resuelve rápido
Hay un factor que ninguna inversión puede acelerar a voluntad: el talento. Una fábrica o un centro avanzado de semiconductores necesita perfiles hiperespecializados —física de semiconductores, diseño RTL, verificación, procesos de sala blanca, litografía, metrología— que no se forman en un año. Requieren grados, másteres, doctorados y experiencia industrial acumulada durante años.
El principal programa estatal específicamente identificable son las Cátedras Chip, una iniciativa que nació con un presupuesto de 80 millones y terminó adjudicando 45 a diecisiete cátedras universidad-empresa, con participación de ochenta compañías y el objetivo de formar al menos 1.000 profesionales. Es una actuación real y valiosa, aunque conviene ponerla en perspectiva: la escala del esfuerzo formativo tendrá que medirse frente a las necesidades combinadas de Málaga, InnoFAB, Sparc, Attypics, Quantix y el resto de proyectos. Formar el talento al ritmo que exige la ambición es, quizá, el desafío más difícil de todos, porque no depende de firmar un convenio, sino de que toda una generación de ingenieros elija —y pueda— especializarse en esto.
Europa, en la misma tesitura
El caso español no es una anomalía, sino el reflejo de un dilema europeo. La Ley Europea de Chips, en vigor desde 2023, aspira a generar más de 43.000 millones de euros de inversión pública con un objetivo rotundo: que Europa alcanzara el 20% del mercado mundial de semiconductores en 2030, duplicando su cuota. Es el paraguas bajo el que se enmarcan el centro de Málaga y buena parte de los proyectos españoles.
Pero ese objetivo del 20% se ha revelado poco realista. El propio Tribunal de Cuentas Europeo concluyó en 2025 que era muy improbable: las previsiones que cita sitúan la participación europea en la cadena mundial en torno al 11,7% en 2030, frente al 9,8% de 2022 y muy lejos del objetivo político. Conviene precisar que esas cifras no siempre emplean una métrica plenamente comparable —no es lo mismo cuota física de producción, valor de mercado o participación en la cadena de suministro—, pero la conclusión de fondo es clara. Entre las causas, el Tribunal señaló la lentitud de ejecución, la escala insuficiente frente a los competidores asiáticos, los costes energéticos y la escasez de talento: varios de los mismos frenos que se aprecian en España. No es casual que la Comisión presentara el 3 de junio de 2026 una propuesta de Chips Act 2.0 para reforzar las capacidades avanzadas, estimular oferta y demanda y facilitar nuevas inversiones: una señal de que el marco inicial se ha quedado corto ante la magnitud del reto.
¿Industria o archipiélago?
Conviene, llegados aquí, una precisión sobre la palabra que lo justifica todo: soberanía. Ningún país del mundo, ni siquiera Estados Unidos o China, controla en solitario toda la cadena del chip, desde el diseño y las herramientas hasta la litografía, los materiales y el encapsulado. La autonomía realista no consiste en fabricarlo todo, sino en diversificar proveedores, mantener capacidades críticas propias, participar en los segmentos de mayor valor y garantizarse acceso a producción en caso de crisis. Vista así, la estrategia española recalibrada —diseño, fotónica, materiales, prototipado— no es un premio de consolación, sino una forma más sensata de entender qué significa tener voz propia en esta industria.
Dicho esto, el balance obliga a la honestidad. España ha pasado de los grandes anuncios a una primera cartera de proyectos reales: hay dinero formalizado, obras iniciadas, un socio de primer nivel en Málaga y empresas de diseño competitivas. Eso es mucho más que hace cuatro años. Pero también es verdad que no existe una cadena completa, que la fabricación avanzada a gran escala sigue ausente, que varios proyectos son todavía convenios sin edificios, y que buena parte de las cifras que circulan —empleos, capacidades, segundas fases— son previsiones y no realidades.
El valor del PERTE no se medirá por los 12.250 millones anunciados, sino por cuántas inversiones lleguen a producir obleas, diseños que se vendan y empresas que sobrevivan.
La pregunta que queda en el aire, y que solo la próxima década responderá, es si todas estas piezas —el centro de Málaga, la fotónica gallega y valenciana, el diseño catalán, los materiales, los chips seguros, la metrología, la formación— acabarán conectándose en algo parecido a una industria, o si quedarán como un archipiélago de proyectos valiosos pero dispersos, incapaces de sostenerse entre sí.
El valor real del PERTE no se medirá por los 12.250 millones que se anunciaron, sino por cuántas de estas inversiones lleguen a producir obleas, diseños que se vendan, empresas que sobrevivan y empleo especializado que se quede en el país. La cartera que España ha conseguido materializar ya no gira alrededor de aquella fábrica soñada, sino en torno a otra cosa, más especializada y quizá más propia. Falta por ver si esa otra cosa llega a ser una industria.