El Principado impulsa la Ley Simplifica para reducir la burocracia y ofrecer más soluciones a la ciudadanía
“Menos papeles y más soluciones”. Con esta premisa, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, resume el espíritu de la Ley Simplifica, una norma que impulsa la estrategia del Gobierno de Asturias de Adrián Barbón para reducir la burocracia en la región. Aprobada recientemente, busca transformar la relación de la ciudadanía y las empresas con una administración pública tradicionalmente asociada a la lentitud y los trámites repetitivos.
Es la quinta gran ley que Barbón ha aprobado en dicho sentido tras la Ley de Medidas Urgentes (2021), Ley de Calidad Ambiental (2023), Ley de Empleo Público (2023) y Ley de Proyectos Estratégicos, aprobada esta legislatura y conocida como Ley PIER. Su objetivo: hacer una administración “útil, ágil y cercana”. Los asturianos lo notarán en su día a día, con más rapidez y menos gestiones. Por ejemplo, podrán solicitar ayudas públicas en cualquier momento del año, presentar solo una declaración responsable para obras menores o trámites forestales y evitar entregar la misma documentación varias veces. “Son cambios que se traducen en menos esperas y más tiempo para lo que importa”, explica Llamedo.
La ley también beneficiará al tejido empresarial. “Para las empresas, especialmente autónomos y pymes, es aire fresco”, destaca la vicepresidenta. Con la plataforma digital ‘MiPrincipado’, los trámites podrán hacerse desde cualquier lugar y las notificaciones llegarán al móvil: “Vivas donde vivas, tendrás la administración a un clic”.
Sus efectos se notarán desde el primer día. Los reglamentos necesarios se adaptarán en un plazo máximo de un año. “Nos pondremos a trabajar de inmediato -subraya Llamedo- porque Asturias no puede esperar”.
Administración moderna y más humana
La ley ya es novedosa por sí misma, pero si algo hay que destacar de ella es, sin duda, la figura de los agentes habilitados, que son representantes cualificados que ayudarán a superar barreras burocráticas o digitales gracias a su mejor conocimiento de una determinada convocatoria o tramitación.
Además, el texto incorpora convocatorias abiertas de subvenciones disponibles todo el año, así como un sistema de contratación centralizada que permitirá ahorrar al menos dos semanas en cada proceso: “Queremos así acercar los recursos públicos a quienes los necesitan y salir, con ello, del marco de plazos de solicitud estrechos y cerrados para dar paso al ‘abrimos todo el año, 24/7’”.
También se regulan reducciones en sanciones administrativas por pronto pago con el fin de ofrecer un marco más previsible y ágil.
De cara al futuro, Llamedo sostiene que la administración asturiana “va a dar un salto de calidad. Será más proactiva, más digital y mucho más cercana”. La tecnología jugará un papel esencial, con avances como la automatización de trámites o el uso responsable de la Inteligencia Artificial. En este sentido, la Ley Simplifica se enmarca en un proceso más amplio de transformación tecnológica que ya está dejando sus primeras huellas en Asturias.
Uno de los ejemplos más destacados es ‘Cova’, un asistente virtual diseñado para los servicios sociales. Su objetivo es acompañar a las personas usuarias en su día a día: desde recordarles una medicación o una cita médica hasta realizar una llamada sencilla de ‘¿cómo se encuentra hoy?’. Con ello se busca ofrecer apoyo especialmente a colectivos vulnerables o con dificultades de autonomía, y garantizar un contacto más constante con la administración, incluso fuera de la ventanilla o la oficina tradicional.
En el ámbito sanitario, el ‘Proyecto Cuélebre’ representa otro avance pionero. Se trata de un gran “lago de datos” que integra las historias clínicas de toda la ciudadanía asturiana. Este repositorio no solo mejora la asistencia sanitaria -al permitir que los profesionales tengan acceso rápido y completo a la información médica-, sino que abre la puerta a la investigación biomédica en Asturias, al contar con una base de datos unificada y segura. La vicepresidenta lo presenta como un ejemplo claro de cómo la digitalización puede traducirse en beneficios directos para la salud y la ciencia.
La propia plataforma ‘MiPrincipado’, es otro gran ejemplo de la aplicación de la IA a los servicios públicos, y “estamos trabajando en un programa piloto para incorporarlo a la gestión de subvenciones y mejorar los tiempos de respuesta. En todo ello siempre habrá control humano y total transparencia. Queremos aprovechar la tecnología para mejorar la vida de la gente.
El beneficio: “Ganar tiempo”
El gran reto, reconoce Gimena, es “seguir avanzando en digitalización sin dejar a nadie atrás”. Por eso, la ley contempla programas como Ruta Digital especialmente pensado para reducir la brecha tecnológica en la población mayor y en quienes viven en entornos rurales. La idea es que la digitalización no se convierta en una barrera, sino en una herramienta inclusiva. Formaciones prácticas, apoyo personalizado y la figura de los agentes habilitados completan este esfuerzo por hacer que la modernización llegue realmente a todo el territorio y a todas las personas.
Pero, ¿cómo garantizar a los ciudadanos que esta ley se cumplirá en todas las consejerías? ¿Qué pasa si un organismo no aplica correctamente la ley? Tal y como explica Llamedo, se establecerán sistemas de supervisión para garantizar que la ley se cumpla y que ninguna consejería se quede atrás. Lo importante, dice, “es que la ciudadanía tenga la garantía de que la Ley Simplifica no es papel mojado, sino un cambio real y efectivo”.
En definitiva, la vicepresidenta define la norma como una apuesta por el pragmatismo y la eficiencia. “El beneficio más claro es que ganamos tiempo: para la gente, para las empresas y para Asturias”. Una declaración de intenciones que resume el propósito de la nueva Ley Simplifica: transformar la relación entre administración y ciudadanía en un proceso más rápido, sencillo y humano.
Participación y consenso
La norma ha sido elaborada con aportaciones de sindicatos, patronal y organizaciones sociales, en el marco de la concertación. Ahora, el Parlamento tendrá la oportunidad de enriquecerla con el debate político. Llamedo lanza un mensaje claro: “En la lucha contra la burocracia solo hay dos bandos: los que quieren combatirla y los que prefieren que todo siga igual”.
Sin embargo, en la Junta General, las voces de los distintos grupos parlamentarios muestran una fotografía más poliédrica, con coincidencias en la necesidad de modernizar la Administración pero con algunas discrepancias sobre la profundidad de la reforma y su capacidad para traducirse en mejoras reales.
El Grupo Mixto Foro insiste en que la agilización de trámites no significa menos seguridad. Su portavoz, Adrián Pumares, lo resume en tres “cortafuegos”: exclusión del silencio positivo en materias sensibles, auditorías periódicas con indicadores públicos y la trazabilidad de los expedientes. Pumares rechaza “tajantemente” que la simplificación administrativa implique opacidad.
El PSOE coincide en la idea de que las garantías están blindadas. Los diputados Ricardo Fernández y Ángel Morales recuerdan que el proyecto “es respetuoso con la legislación estatal básica”, lo que asegura que la reducción de plazos y el uso del silencio administrativo no se conviertan en arbitrariedad.
Desde Izquierda Unida, Xabel Vegas comparte la necesidad de avanzar hacia un modelo más ágil, pero insiste en que la administración debe imponer plazos para responder: “El silencio negativo debería ser una excepción y no la norma. Es necesario señalar con claridad en qué procedimientos opera el silencio positivo y en cuáles el negativo, para evitar inseguridad jurídica y arbitrariedad”.
Frente a estas visiones, Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, alerta de las consecuencias de extender la declaración responsable sin controles suficientes, y Sara Álvarez, diputada portavoz de Vox, duda de que la ley aporte garantías reales, al considerar que es la propia Administración quien “se establece a sí misma sus garantías”.
Impacto en empresas y ciudadanía
El PSOE destaca que la nueva ley simplifica ámbitos como las autorizaciones en carreteras y montes, los trámites patrimoniales y culturales o la agilización de rehabilitaciones y proyectos culturales. También subraya la convocatoria abierta de subvenciones durante todo el año, que permitirá presentar solicitudes “24 horas al día, 365 días al año”.
Pumares considera, sin embargo, que la norma “se queda corta” y reclama ampliarla a más sectores para que “realmente beneficie a autónomos, pymes y también a los ciudadanos en su día a día”.
Vegas coincide en que las pymes son las que más sufren la burocracia y defiende que la simplificación y la incorporación de la IA “van a agilizar todos los procedimientos, particularmente aquellos que implican la intervención de varios departamentos de la administración”.
Para Tomé, la reforma es “muy parcial y con alcance limitado”, mientras que Vox la tacha de “plataforma de propaganda política” por su falta de ambición.
El uso de la IA en la Administración centra también el debate. El PSOE pone el acento en la transparencia y trazabilidad: “Se dará publicidad a su uso, se detallarán validaciones y riesgos y siempre habrá un órgano responsable para impugnaciones”.
Pumares propone aplicarla primero en procedimientos “automatizables y de bajo riesgo”, con “supervisión humana y auditorías algorítmicas”.
Vegas coincide y adelanta que IU presentará enmiendas para garantizar esa vigilancia: “Cualquier utilización de la IA debe contar con supervisión humana para evitar sesgos. La IA debe ser una herramienta al servicio de las y los funcionarios”.
Tomé reclama un mayor control democrático y apuesta por software libre y participación ciudadana en el diseño de algoritmos, mientras que Sara Álvarez duda de su impacto inmediato, al considerarla “un concepto de moda” más que una herramienta aplicable ya.
La ley fija un año de plazo para aprobar los reglamentos que concreten sus medidas. El PSOE insiste en su voluntad de consenso, convencido de que “todos compartimos la necesidad de dotar a la Administración de herramientas del siglo XXI”.
Foro reclama un calendario público de desarrollo normativo y Vox expresa dudas sobre el cumplimiento de plazos.
Covadonga Tomé recuerda el precedente de la Ley de Transparencia de 2018, cuyos reglamentos nunca se completaron, mientras que Vegas reconoce ese riesgo, pero subraya la responsabilidad del Gobierno: “Ya que hablamos de simplificación administrativa, tenemos la obligación de cumplir esos plazos. Hay un consenso bastante amplio, aunque diferimos en el enfoque. Desde la mayoría progresista vamos a trabajar para lograrlo”.
¿Cuándo notará el ciudadano los cambios?
El PSOE defiende que el efecto será inmediato: “La entrada en vigor marcará un antes y un después”, aseguran Fernández y Morales, señalando a la digitalización de servicios sociales y sanitarios como ejemplo.
Pero Adrián Pumares matiza: “Si el Gobierno fuese diligente y la ley se mejora en el trámite de enmiendas, los ciudadanos notarían mayor agilidad desde la aprobación”. Además, añade que ya existen medidas que podrían aplicarse sin esperar a la ley, como dejar de pedir documentos duplicados.
Xabel Vegas se muestra más prudente: “La ley será un paso muy importante y creo que se va a notar en la relación con la administración, pero es solo un comienzo. Tenemos muchas asignaturas pendientes para acabar con la burocracia innecesaria, no solo en el ámbito económico sino también en el social. Quizás deberíamos pensar en una nueva arquitectura administrativa que agilice todos los procedimientos, pero ese es un objetivo a medio plazo”.
En cambio, la mirada de Tomé es mucho más crítica: “No hubo éxito en la llamada ‘guerra contra la burocracia’. Los últimos datos nos dicen que se tarda 18 meses en obtener la valoración del grado de discapacidad y hay 22.000 cirugías pendientes. No habrá mejoras reales sin una reforma integral de la Administración Pública”.
Vox, en este caso, no espera cambios en el corto plazo. “Los ciudadanos que se beneficien serán muchos menos de los que se nos quiere hacer creer. El entramado burocrático seguirá ahogando al ciudadano”, sostiene Álvarez.
El debate en torno a la Ley Simplifica deja claro que, aunque existe un acuerdo general en la necesidad de combatir la burocracia, las estrategias divergen. Para el PSOE, se trata de un salto modernizador con efectos inmediatos. El Grupo Mixto Foro plantea mejoras pero exige más ambición y control. Izquierda Unida comparte el objetivo, aunque reclama plazos claros, supervisión humana sobre la IA y una reflexión más profunda a medio plazo sobre la arquitectura administrativa. El Grupo Mixto pide una transformación integral del modelo, y Vox descarta que la ley sea algo más que un “acompañamiento propagandístico” sin impacto real a corto plazo.
El Grupo Parlamentario del Partido Popular ha declinado la participación en este reportaje.
En definitiva, el consenso inicial que dio origen a la norma en el marco de la concertación social se enfrenta ahora al test de la política parlamentaria. El desenlace dirá si la Ley Simplifica se convierte en el primer paso hacia una administración más ágil o si queda como una oportunidad desaprovechada.