El Gobierno adjudica 518 millones para descarbonizar 17 plantas industriales en España
El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado 518 millones de euros en subvenciones a 17 proyectos tractores dentro de la convocatoria 2026 de la Línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial. Los proyectos suman un presupuesto financiable total superior a los 1.300 millones de euros, lo que implica que por cada euro público se movilizarán más de 1,5 euros de inversión privada.
No es un programa genérico de ayudas. Es un instrumento diseñado para transformar las entrañas de la industria pesada española: los hornos de cemento, las cubas de aluminio, los procesos químicos, los secaderos de papel, las líneas de fusión de vidrio. Exactamente los procesos donde la descarbonización es más cara, más compleja y más imprescindible.
Los dos grandes: Cemex y Votorantim concentran 320 millones
Dos proyectos absorben más del 60% de las ayudas. Cemex España recibirá 200 millones de euros —la mayor subvención individual del programa— para descarbonizar su planta de Alcanar (Tarragona), con un presupuesto total de 450,8 millones. Y Votorantim Cementos España recibirá 119,6 millones para la transformación de su planta de Toral de los Vados (León), con una inversión asociada de 284,6 millones.
Que los dos mayores proyectos sean cementeras no es casual. El cemento es responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones globales de CO₂, y la descarbonización de sus hornos es uno de los retos industriales más complejos que existen: exigen temperaturas superiores a 1.400 °C que hasta ahora solo se alcanzaban con combustibles fósiles. Cualquier solución —captura de carbono, combustibles alternativos, electrificación parcial, hidrógeno— requiere inversiones masivas que sin apoyo público difícilmente se ejecutarían.
Aluminio, química, vidrio, papel y alimentación
Más allá del cemento, la convocatoria cubre toda la columna vertebral de la industria pesada española.
En aluminio, Aluminio Español recibirá 40,4 millones para descarbonizar la planta de Cervo (Lugo), con un presupuesto total de 134,8 millones. Es un proyecto con una lectura territorial significativa: Cervo ha sido uno de los grandes polos de aluminio primario de España y la inversión refuerza su viabilidad industrial a largo plazo en un contexto donde la electrificación del proceso de aluminio es condición de supervivencia.
En química, cuatro proyectos suman más de 46 millones en ayudas: Evonik (30,2 millones en Zaragoza), Covestro (8,1 millones en Tarragona), IQOXE (4 millones en Tarragona) y Croda Ibérica (3,9 millones en Barcelona). El corredor químico de Tarragona es, de lejos, el principal beneficiario territorial de esta convocatoria.
En vidrio, Castellar Vidrio (6,7 millones en Barcelona) y Crisnova Vidrio (11,9 millones en Albacete) abordan la descarbonización de los hornos de fusión, otro proceso donde las temperaturas extremas hacen especialmente difícil prescindir de los combustibles fósiles.
En papel, Unión Industrial Papelera (38,2 millones en Barcelona) y Papelera de Brandia (5,4 millones en Santiago de Compostela) transformarán sus procesos productivos. Industrias del Tablero (10,8 millones en A Coruña) trabajará en la valorización de biomasa residual.
Y en alimentación, Intermalta (13 millones en Albacete), Conservas Vegetales de Extremadura (1,6 millones en Badajoz) y Rockwool Peninsular (18,2 millones en Navarra) completan el mapa sectorial.
Ocho comunidades autónomas, con Cataluña al frente
La distribución territorial de los 17 proyectos refleja la geografía industrial del país:
Cataluña lidera con seis proyectos que abarcan cemento, química y papel, concentrados sobre todo en el corredor de Tarragona y la provincia de Barcelona. Galicia suma tres proyectos (aluminio en Lugo, papel en Santiago y tablero en A Coruña). Castilla-La Mancha recibe dos (vidrio y malta en Albacete). Y Navarra, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León completan el mapa con un proyecto cada una.
La lógica de fondo: descarbonizar sin deslocalizar
El PERTE de Descarbonización Industrial responde a una tensión que atraviesa toda la política industrial europea: la industria pesada tiene que reducir drásticamente sus emisiones para cumplir los objetivos climáticos, pero el coste de hacerlo es tan elevado que sin apoyo público muchas plantas cerrarían o se trasladarían a países con regulación menos exigente. El resultado no sería menos emisiones globales, sino menos industria en Europa y las mismas emisiones producidas en otro lugar.
Los 518 millones adjudicados son la herramienta con la que España intenta evitar ese escenario: financiar la transformación de procesos industriales que no pueden descarbonizarse sin inversión masiva, manteniendo la actividad y el empleo en los territorios donde esas plantas operan. Cemex en Tarragona, Votorantim en León, Aluminio Español en Cervo, Evonik en Zaragoza: cada uno de esos nombres es una fábrica real con trabajadores reales en un municipio concreto.