La Real Academia de Ingeniería pide realismo para la transición energética: menos bloqueo, más red y decisiones claras sobre el mix

La transición energética española avanza, pero no al ritmo ni con las condiciones que exige el sistema. Esa fue la idea que atravesó la jornada organizada por la Real Academia de Ingeniería, donde industria, academia y sector financiero coincidieron en un mensaje incómodo pero nítido: el problema ya no está tanto en la tecnología o en la disponibilidad de inversión como en la dificultad para convertir planes y objetivos en capacidad real de ejecución. En otras palabras, la transición no se discute; lo que está en cuestión es cómo hacerla viable sin desajustar el sistema ni poner en riesgo inversiones y proyectos.

El “triple bloqueo” de la transición

Una de las expresiones que mejor resumió la jornada fue la del “triple bloqueo”: hiperregulación administrativa, judicialización creciente de los proyectos y retraso en las infraestructuras eléctricas. Los ponentes coincidieron en que este cuello de botella ralentiza el despliegue renovable y agranda la distancia entre los calendarios políticos y los tiempos reales del sistema.

La referencia más concreta la puso Julio Muñoz Flórez, de Red Eléctrica de España, al recordar que el plazo medio de tramitación y construcción de una línea se mueve entre siete y nueve años. Es un dato que, por sí solo, explica buena parte de la tensión actual: el sistema quiere acelerar, pero su columna vertebral -la red- necesita unos tiempos que no se improvisan. En la misma línea, José Manuel Pazo, desde la Asociación Eólica de Galicia, defendió que las administraciones deben asumir de forma explícita el interés público superior de estas infraestructuras si se quiere reducir el atasco regulatorio y judicial.

Saturación renovable y mercado bajo presión

Otro de los ejes del debate fue la saturación del sistema eléctrico, especialmente por el fuerte despliegue de la fotovoltaica. El efecto ya se deja ver en el mercado mayorista: cada vez son más frecuentes las horas con precios cero o negativos, una señal que introduce nuevas distorsiones económicas y tensiona la rentabilidad de determinados proyectos.

Desde el Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín fue claro al advertir de que el sistema no puede seguir creciendo sin decisiones estratégicas más claras sobre el mix. Y esa discusión conectó enseguida con el PNIEC, que concentró buena parte del debate. La preocupación común no fue tanto la ambición del plan como la brecha entre ambición y viabilidad. Javier Revuelta, en representación de AFRY, cuestionó la base técnica de algunas previsiones, especialmente en relación con la demanda de hidrógeno verde. Por su parte, Raúl García, presidente de ASEALEN, planteó que el éxito del plan debería medirse menos por la potencia instalada y más por la descarbonización efectiva conseguida, porque el ritmo actual de renovables no estaría reduciendo las emisiones al paso previsto.

En ese contexto, José Manuel Clamagirand, director global de Agua y Medioambiente de SENER, apuntó una tendencia global que ya parece irreversible: el sistema energético del futuro será, en gran medida, fotovoltaico. Frente a esa visión, David Trebolle, de ASEME, ofreció una lectura más equilibrada del PNIEC, considerándolo un marco válido de dirección, aunque complejo en su ejecución.

Nuclear y almacenamiento: dos debates que siguen abiertos

La jornada dejó además al descubierto dos líneas de fractura que siguen sin resolverse del todo: el papel de la energía nuclear y el desarrollo del almacenamiento. Varios expertos advirtieron de que un cierre anticipado sin suficiente capacidad de almacenamiento podría encarecer el sistema y reforzar la dependencia del gas. Javier Perea, consejero delegado de Empresarios Agrupados Internacional y Ghesa Ingeniería y Tecnología, fue especialmente directo al señalar que clausurar la nuclear antes de contar con un parque de bombeo suficiente implicaría optar por un mix más caro para el consumidor.

La segunda gran discusión fue la del almacenamiento. Mientras algunos participantes defendieron el bombeo hidroeléctrico como solución estructural, Rodolfo Martínez Campillo, de i-DE, puso el foco en el papel que pueden jugar las baterías en la red de distribución, especialmente para formar islas eléctricas y estabilizar tensiones, gracias a su rapidez de implantación. A su vez, Alberto Abanadés, catedrático de la UPM, introdujo un matiz que rara vez aparece en el debate público: toda tecnología de almacenamiento y toda infraestructura renovable arrastra una huella de carbono inicial que debe analizarse con rigor en términos de ciclo de vida.

Mucha financiación, pero más riesgo para el pequeño promotor

En el plano financiero también aparecieron dos realidades distintas: abundancia de inversión para renovables y mayor fragilidad para el pequeño promotor. Miguel Medina, experto participante en la jornada, destacó el buen contexto inversor global para los activos renovables, con abundancia de instrumentos y apetito en distintos niveles de riesgo.

Pero esa visión convivió con otra mucho más frágil, la del pequeño promotor fotovoltaico. Desde la Red Fotovoltaica, José Antonio González Orduña alertó sobre una posible burbuja en el segmento de plantas que operan a mercado sin PPA, incapaces de cubrir sus obligaciones financieras por la caída de precios en determinadas horas. En ese contexto, el almacenamiento aparece ya no como una oportunidad de optimización, sino como un último recurso para evitar la inviabilidad de muchos proyectos.

La conclusión de la Real Academia de Ingeniería fue deliberadamente sobria: la transición energética necesita menos consignas y más realismo técnico. Entre las recomendaciones que deja la jornada figuran reducir drásticamente los plazos administrativos, priorizar el desarrollo de redes, impulsar el almacenamiento con criterios técnicos rigurosos, revisar las hipótesis del PNIEC y garantizar la viabilidad del tejido empresarial, especialmente el de menor tamaño. En definitiva, no se trata de rebajar la ambición, sino de alinearla con la realidad para que la transición no pierda eficacia ni credibilidad en el camino.