Ribera ha desgranado las prioridades del Gobierno en materia energética, medioambiental y reto demográfico, cuyo eje transversal será la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático —con una economía descarbonizada y resiliente al cambio climático—, la corrección de desequilibrios y la exigencia de poner a las personas en el centro de la transición energética, con especial atención a los consumidores y trabajadores más vulnerables. "Liderar la mitigación y la adaptación al cambio climático convertirá nuestra acción en una gran oportunidad para el progreso de nuestro país", ha dicho Ribera.
Política energética
La política energética del Gobierno está orientada a la consecución de los objetivos en materia de acción climática y ambiental de España, colocando al ciudadano en el centro del sistema energético, más diverso y participado.
Según ha explicado Ribera, la fuerte penetración de energías renovables es uno de los factores que explica la evolución de la factura en el último año. Los precios de la electricidad para el consumidor doméstico tipo han bajado desde que comenzó este Gobierno en junio 2018 de 60,33€ a 51,95€ mes. Esta señal de precios que se deja notar en el mercado mayorista de la electricidad, en el que a lo largo del año 2019 el precio ha bajado un 17%, y también se observa en los futuros de precios, que dan una señal todavía más baja para finales de 2020, que se sitúa en el entorno de los 40-42 euros el MWh.
La vicepresidenta ha destacado otra noticia clave del año pasado: los resultados "contundentes" del autoconsumo, que ha duplicado la potencia instalada este año. Además, se seguirá trabajando para lograr que las islas sean 100% renovables, en consonancia con los objetivos comunitarios. A tal efecto, en 2019 se han lanzado dos líneas: 80M€ para Canarias eólica y 40M€ para solar en Islas Baleares.
Las prioridades que se fija MITECO son el fomento del uso de energías renovables y su integración en redes inteligentes para la sustitución de la generación eléctrica convencional contaminante; el impulso de la electrificación de nuestra economía, la eficiencia energética como principio básico y eje transversal de la política energética, que requerirá mejoras en la planificación y prospectiva; y la priorización de los intereses del ciudadano-consumidor, siguiendo con los trabajos para reducir la pobreza energética, alcanzar precios de consumo eléctrico más competitivos —para ciudadanos y empresas— y activar el autoconsumo.
Rediseño de los mercados mayoristas de la electricidad
La consecución de los objetivos en materia de transición energética requerirá también la revisión del diseño de los mercados mayoristas de electricidad. En este punto la vicepresidenta ha aludido a las nuevas subastas de renovables, que aportarán mayor certidumbre a los promotores facilitando el impulso a nuevos proyectos y trasladarán de manera más directa el menor coste de la generación renovable al precio final de la electricidad.
Asimismo, Ribera ha hecho hincapié en el potencial de la contratación bilateral de energía eléctrica (PPA), que eliminará barreras al despliegue de renovables a través de garantías públicas para la financiación y para ofrecer precios competitivos a la industria, y en el desarrollo de un mercado de capacidad para dotar de la necesaria seguridad de suministro a un sistema donde las renovables están ganando peso.
Transición justa
Con las personas en el centro de toda la acción, la Transición Justa inspira el diseño de medidas de impulso, apoyo y acompañamiento para una buena parte de la población, especialmente aquellos grupos vinculados a los segmentos productivos sometidos a la transformación ecológica.
En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado los próximos hitos programados en la agenda de Transición Justa iniciada en la anterior legislatura. En fechas próximas se va a proceder al lanzamiento del Instituto de Transición Justa, que se ha conformado sobre la base del actual Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). El nuevo organismo centralizará las acciones del Gobierno en esta materia, ampliando su radio de actuación a más zonas en transición y a más sectores de actividad. El Instituto será el instrumento fundamental para la conformación y el seguimiento de los convenios de transición justa y el centro de la participación y el diálogo con los actores implicados.
También en las próximas semanas se hará público el calendario de firmas de los Convenios de Transición Justa que arrancará con la firma de protocolos de actuación en las 15 áreas geográficas identificadas desde la perspectiva de la Transición Justa.
