Bruselas autoriza la sociedad española que competirá por una de las siete gigafactorías europeas de IA
España ha superado otro de los filtros en su carrera por albergar una de las grandes infraestructuras de inteligencia artificial que Europa quiere construir en los próximos años. La Comisión Europea ha autorizado la operación por la que ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) ejercerán el control conjunto de Sociedad Gigafactoría Española de Inteligencia Artificial, S.L., el vehículo societario creado para impulsar la candidatura española.
Es un avance necesario, pero conviene ordenar bien los términos: Bruselas no ha adjudicado a España una gigafactoría de IA. Lo que acaba de aprobar es la estructura empresarial que pretende competir por una de ellas, después de analizar la operación bajo las normas europeas de control de concentraciones.
La diferencia no es menor. La carrera europea acaba de empezar formalmente y España tendrá que medirse ahora con el resto de proyectos que quieran hacerse con una de las hasta siete gigafactorías de IA previstas por la Unión Europea.
De formar el consorcio a superar el filtro de Competencia
La operación llegó formalmente a Bruselas el pasado 24 de julio. El expediente europeo, identificado como M.12498 – ACS AIID / TELEFÓNICA / BANCO SANTANDER / SETT / JV, permite conocer con bastante precisión cómo se articula el proyecto.
La documentación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea identifica a AI Infrastructure Development, controlada por ACS; Telefónica Infra; Banco Santander y la SETT como las cuatro entidades que adquirirán el control conjunto de la nueva sociedad. También pone negro sobre blanco su denominación: Sociedad Gigafactoría Española de Inteligencia Artificial, S.L. Su actividad será la construcción y explotación de centros de datos.
La Comisión comunicó este 20 de agosto la autorización de la operación. El movimiento elimina así un frente regulatorio para un proyecto que España comenzó a configurar durante la primera mitad del año y que Conecta ya analizó en julio, cuando el Gobierno y los socios privados terminaron de dibujar el consorcio con el que acudirían a la competición europea.
Hay, además, un matiz interesante entre propiedad y control.
El accionariado comunicado por el Gobierno está compuesto por la SETT, con un 47,99%; Telefónica, ACS y Banco Santander, con un 15,67% cada una; Multiverse Computing, con un 4%; y la Generalitat de Catalunya, con el 1% restante. La suma deja la mayoría del capital en manos privadas. Sin embargo, a efectos de la normativa europea de concentraciones, Bruselas identifica específicamente a ACS, Telefónica, Santander y SETT como las entidades que ejercerán el control conjunto de la sociedad.
No todos los accionistas, por tanto, tienen necesariamente la misma posición desde el punto de vista del control societario.
La competición europea ya está abierta
Mientras Bruselas analizaba la estructura española, Europa puso en marcha la carrera definitiva.
EuroHPC publicó el 30 de julio la convocatoria EUROHPC-2026-CEI-AIGF-01, destinada a seleccionar los consorcios que construirán y operarán las futuras gigafactorías de inteligencia artificial. El plazo para presentar las propuestas termina el 12 de noviembre de 2026 a las 16:00 horas.
La convocatoria cambia además una de las referencias con las que arrancó el proyecto. Cuando España configuró su candidatura se hablaba de cinco grandes gigafactorías europeas. El procedimiento definitivo contempla ahora hasta siete instalaciones, dentro de un esquema liderado por la industria y respaldado conjuntamente por la Unión Europea y los Estados participantes.
La escala explica el nombre.
Para ser considerada una gigafactoría de IA, cada instalación deberá incorporar una cantidad de procesadores avanzados equivalente, como mínimo, a tres o cuatro veces la existente en las AI Factories europeas más potentes. No se evaluará únicamente la capacidad de cálculo: los candidatos deberán acreditar también infraestructura eléctrica suficiente y criterios de eficiencia energética, uso del agua y circularidad.
El modelo financiero tampoco consiste simplemente en conceder una subvención para construir un gran centro de datos. EuroHPC y los Estados participantes actuarán como clientes de referencia, adquiriendo capacidad de cómputo de las instalaciones seleccionadas. Esa demanda pública pretende reducir el riesgo de inversiones extraordinariamente intensivas en capital y movilizar más de 20.000 millones de euros de inversión privada en el conjunto de Europa. La Comisión calcula un respaldo público de hasta 10.000 millones entre fondos europeos y nacionales.
Los proyectos seleccionados se conocerán previsiblemente a comienzos de 2027 y deberán aspirar a iniciar operaciones en un plazo de aproximadamente 18 meses desde su selección.
España lleva a la carrera un proyecto de hasta 5.000 millones
La candidatura española llega a esa competición con una estructura poco habitual por escala y composición.
El proyecto prevé movilizar hasta 5.000 millones de euros y combinar inversión pública con capital y capacidades industriales privadas. El Gobierno autorizó en junio una inversión de 719 millones de euros a través de la SETT para entrar en la sociedad y, una semana después, una contribución voluntaria adicional de 300 millones a EuroHPC, necesaria para participar en el mecanismo europeo y destinada, entre otros fines, a adquirir servicios de estas infraestructuras.
Esa cifra de 5.000 millones debe entenderse como la inversión que el proyecto prevé movilizar, no como capital que ya se encuentre íntegramente desembolsado.
La propuesta es además multisede. El Gobierno ha confirmado dos emplazamientos: Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid.
Y ahí aparece uno de los grandes desafíos de la candidatura. Una gigafactoría puede reunir financiación, procesadores y socios tecnológicos, pero necesita algo mucho menos virtual para funcionar: electricidad, mucha y disponible de forma permanente.
En el caso de Móra la Nova, Conecta analizó este mes los parámetros energéticos planteados por la candidatura. La primera fase se proyecta con hasta 55 MW, que la Generalitat sitúa ya disponibles en la subestación de Els Aubals, mientras que el desarrollo posterior elevaría la capacidad hasta aproximadamente 150 MW entre 2029 y 2030. Ese crecimiento dependería de nuevas posiciones eléctricas contempladas en la planificación de la red.
El proyecto catalán plantea además sistemas de refrigeración de bajo consumo hídrico y un modelo progresivo de cobertura renovable del consumo eléctrico. Son elementos que dejan de ser secundarios en una convocatoria europea que incluye expresamente entre sus criterios la disponibilidad de potencia, la eficiencia energética y del agua y la circularidad.
Una infraestructura para entrenar la IA que Europa no quiere alquilar fuera
Detrás de la carrera hay una cuestión que trasciende a los centros de datos.
Las gigafactorías están concebidas para entrenar, ajustar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial a gran escala. Combinarán procesadores especializados, almacenamiento, redes de alta capacidad, infraestructura cloud y centros de datos diseñados específicamente para cargas intensivas de IA.
Europa quiere que empresas, investigadores y administraciones puedan acceder a ese cómputo sin depender exclusivamente de la infraestructura de los grandes proveedores tecnológicos extranjeros. Es la misma lógica de soberanía tecnológica que ha impulsado las AI Factories, pero trasladada ahora a otra escala.
España parte con algunas piezas ya desplegadas. Cuenta con dos AI Factories vinculadas a EuroHPC, en el Barcelona Supercomputing Center y el Centro de Supercomputación de Galicia, y pretende utilizar la nueva infraestructura como un escalón adicional para dar acceso a capacidad de cómputo avanzada a universidades, centros de investigación, administraciones, grandes empresas, pymes y startups.
Pero ese escenario sigue siendo, por ahora, una candidatura.
El siguiente examen llega el 12 de noviembre
La autorización de Bruselas despeja uno de los trámites que tenía pendiente la arquitectura española, pero no altera la naturaleza competitiva del proceso europeo.
El consorcio tiene socios, una sociedad constituida, financiación pública autorizada y dos emplazamientos definidos. Europa ha abierto ya la convocatoria y ha concretado las condiciones con las que comparará las propuestas.
Ahora falta presentar la oferta, superar la evaluación y ganar una de las plazas.
La secuencia importa porque marca también cuánto ha avanzado el proyecto en apenas unas semanas. A comienzos de julio, España acababa de formar el consorcio. A finales de ese mes se abrió oficialmente la competición. En agosto, Bruselas ha autorizado el control conjunto de la sociedad que pretende ejecutarlo.
España ya no está únicamente preparando una candidatura para una futura convocatoria. La convocatoria existe, el vehículo empresarial ha recibido el visto bueno de Competencia y el reloj corre hasta el 12 de noviembre.
La gigafactoría, sin embargo, todavía hay que ganarla.