Una gigafactoría de inteligencia artificial no se parece a una fábrica. Se parece a un consumidor eléctrico enorme y permanente. Puede tener los mejores procesadores del mercado y el mejor consorcio financiero detrás, pero si no hay potencia en el nudo eléctrico, no hay infraestructura.
Por eso la disponibilidad de potencia eléctrica se ha convertido en uno de los argumentos centrales de la candidatura española a una de las siete gigafactorías europeas de IA. Y por eso los detalles publicados este fin de semana sobre cómo pretende alimentarse Móra la Nova son más relevantes de lo que parece: describen aquello con lo que Cataluña quiere diferenciarse ante Bruselas.
Los 55 MW que ya están y los 95 que faltan
El despliegue se plantea por fases. La primera, prevista para 2028, contempla una potencia máxima de 55 MW que, según la Generalitat, ya están disponibles en la subestación de Els Aubals. El secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, lo formula sin ambigüedad: la energía de esa primera fase ya está ahí y no tiene que venir de ningún otro sitio. Según la Generalitat, para ponerla en servicio sería necesario ejecutar la conexión eléctrica hasta el polígono del Molló, donde se ubicaría la instalación.
La segunda fase es la que exige obra de red. Para llegar a los 150 MW habría que sumar, según la documentación de la candidatura, nuevas posiciones en esa misma subestación previstas en la planificación eléctrica estatal. Ese crecimiento se sitúa entre 2029 y 2030.
Conviene señalar que el horizonte se ha movido. En julio, fuentes del Govern hablaban de 55 MW iniciales ampliables hasta 125 MW; la información de agosto eleva ese techo a 150. No es una contradicción, pero sí una modificación del dimensionamiento que merece seguimiento.
Y conviene distinguir las dos fases, porque tienen naturaleza distinta. La primera depende de capacidad que la Generalitat da por existente. La segunda depende de que se ejecute una ampliación de la red de transporte que hoy está planificada, no construida. Además, una capacidad disponible en un nudo no equivale por sí sola a un permiso de acceso concedido a un consumidor concreto: cada solicitud sigue su propio procedimiento. Es la misma cautela que conviene aplicar a otros grandes proyectos que compiten por potencia en la red, como el campus de centros de datos anunciado en Salas que prevé movilizar 1.226 millones.
Qué significa exactamente "cobertura renovable total"
Aquí está el compromiso que la candidatura presenta como diferencial, y merece una explicación precisa porque se confunde con facilidad.
Cuando un centro de datos anuncia que funciona con energía 100% renovable, lo habitual es que esté comparando totales anuales: consume una cantidad de electricidad a lo largo del año y adquiere una cantidad equivalente de generación renovable, mediante contratos de compra o garantías de origen. El balance cuadra en diciembre, aunque a las tres de la madrugada de un martes sin viento la electricidad que ha entrado por el cable viniera de un ciclo combinado.
Lo que plantea la candidatura, según la descripción difundida de su documentación, es otra cosa: que cada kilovatio hora consumido esté respaldado en ese mismo momento por generación renovable o por energía almacenada previamente en baterías. Para lograrlo contempla contratos de larga duración con productores renovables, sistemas de almacenamiento y una gestión flexible de la demanda que permita desplazar parte del consumo a las horas de mayor disponibilidad.
La diferencia es sustancial y también más difícil de cumplir. Por eso resulta significativo el matiz que introduce el propio Tort: el modelo se implantará de forma progresiva y la primera fase no depende de renovables nuevas, porque la energía ya está en la subestación. Serán las fases siguientes las que se apoyen en proyectos eólicos y fotovoltaicos que aún deben desarrollarse en las Terres de l'Ebre.
Dicho de otro modo: el compromiso es real como diseño, pero su cumplimiento depende de instalaciones renovables que todavía no existen.
El PUE, o cuánta electricidad no llega a los chips
El segundo argumento es la eficiencia. La candidatura prevé un PUE —Power Usage Effectiveness— de entre 1,15 y 1,20.
El indicador resulta de dividir la energía total que consume la instalación entre la que llega efectivamente a los equipos informáticos. Cuanto más cerca de 1, menos se pierde en refrigeración, ventilación y sistemas auxiliares. Con un PUE de 1,15, alrededor del 87% de la electricidad consumida corresponde a los equipos informáticos; con uno de 1,20, en torno al 83%.
La propia documentación de la candidatura ilustra el efecto con un cálculo: un centro con PUE de 1,50 necesita 150 MW para ofrecer una capacidad de cálculo equivalente a 100 MW, mientras que uno con PUE de 1,10 requiere 110. Unos 40 MW menos de forma continua, lo que la candidatura cifra en un ahorro cercano a 350 GWh anuales. Tort atribuye esa mejora a los nuevos sistemas de refrigeración y al diseño de las instalaciones, y sostiene que hace diez años se necesitaba prácticamente el doble de energía de la que se dedicaba realmente a computar.
Al agua se aplica el mismo razonamiento. La refrigeración se plantea mediante circuitos cerrados, en los que el agua no entra en contacto con el aire y apenas se evapora, frente a los sistemas evaporativos de generaciones anteriores. La instalación utilizaría además agua regenerada para usos industriales, sin recurrir a agua potable ni de regadío. La Generalitat habla de un consumo tendente a cero.
Todos estos datos —potencias, PUE, agua— proceden de la documentación de la candidatura y de las explicaciones de la Generalitat. No hemos localizado el dosier técnico completo publicado en abierto, de modo que conviene leerlos como los parámetros de diseño que sus promotores comunican, no como valores medidos.
Siete plazas y una fecha: 12 de noviembre
El contexto europeo explica por qué la energía se ha convertido en argumento de campaña.
La Comisión Europea abrió el pasado 30 de julio, a través de la empresa común EuroHPC, la convocatoria para seleccionar hasta siete gigafactorías de IA en la Unión. El respaldo público asciende a hasta 10.000 millones de euros, aportados entre Bruselas y los Estados participantes, con la expectativa de movilizar más de 20.000 millones de capital privado adicional. El procedimiento distingue proyectos de distinta escala, con importes máximos diferenciados en una primera fase de despliegue y en una posterior de ampliación.
El plazo de presentación se cierra el 12 de noviembre de 2026, las adjudicaciones se esperan a comienzos de 2027 y las instalaciones seleccionadas deberán entrar en operación en un máximo de dieciocho meses desde la firma. Dieciocho Estados miembros han firmado el acuerdo de adquisición conjunta, España entre ellos.
En esa competición, capacidad de cómputo la ofrecerán todos los candidatos. Lo que no todos pueden ofrecer con la misma solvencia es potencia eléctrica disponible, renovables locales y refrigeración de bajo consumo hídrico. Ahí es donde la candidatura española intenta marcar diferencia.
Quién está detrás
El proyecto es multisede —Móra la Nova como emplazamiento principal y San Fernando de Henares como segunda ubicación— y se articula mediante un consorcio de mayoría privada.
La Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT) controla el 47,99% con una inversión pública autorizada de 719,85 millones de euros procedentes de fondos Next Generation EU. Telefónica, ACS y Banco Santander poseen un 15,67% cada una; Multiverse Computing, que en julio captó 500 millones y se convirtió en uno de los grandes nombres europeos de la IA, un 4%; y la Generalitat de Catalunya, un 1%. Francesc Fajula ejerce como responsable ejecutivo. El Gobierno ha autorizado además, por una vía distinta, una contribución voluntaria de 300 millones de euros a EuroHPC destinada, entre otros fines, a adquirir servicios de la gigafactoría.
La inversión total que el proyecto prevé movilizar asciende a hasta 5.000 millones de euros. Conviene no confundir esa cifra con lo comprometido: los 720 millones públicos están autorizados, el resto es la magnitud que la operación aspira a alcanzar.
La Generalitat insiste, por último, en que no se trata de una industria más instalándose en un polígono, sino de una infraestructura compartida: capacidad de cómputo disponible para empresas, centros de investigación y administraciones, para evitar que cada organización construya su propio centro de datos. Es la misma lógica con la que en julio licitó su primera nube pública soberana, una operación de 481 millones: construir capacidad propia en lugar de alquilarla fuera.
Si esa promesa se cumple dependerá primero de Bruselas. Pero antes, y sobre todo, dependerá de que haya electricidad suficiente en el momento exacto en que los procesadores la pidan.
