La política europea de semiconductores empieza a organizarse por territorios, y algunos ya están moviendo ficha. El Valencia Silicon Cluster (VaSiC) ha comunicado que ha sido aceptado como miembro de la alianza industrial de semiconductores impulsada por la Comisión Europea, el foro consultivo que asesora a Bruselas sobre la estrategia comunitaria en un sector considerado crítico para la autonomía tecnológica del continente.
Según el propio clúster, se convierte en el tercer clúster territorial en incorporarse, tras el alemán Silicon Saxony y la francesa Nouvelle-Aquitaine.
Conviene precisar el alcance de ese foro, porque su nombre impone más de lo que sus competencias permiten. La alianza —cuya secretaría y soporte operativo se articulan a través del proyecto ALLPROS, financiado por la Comisión— agrupa a alrededor de 130 organizaciones, entre fabricantes, proveedores tecnológicos, empresas usuarias de chips, centros de investigación, universidades y administraciones. Figuran nombres como ASML, Intel, Infineon, GlobalFoundries, NXP, STMicroelectronics, Bosch, imec, Fraunhofer o CEA-Leti.
Su función es elaborar diagnósticos, hojas de ruta y recomendaciones que llegan a la Comisión y al Consejo Europeo de Semiconductores, y facilitar posiciones comunes entre actores industriales. Pero no aprueba legislación, no decide convocatorias, no concede ayudas ni selecciona proyectos, y pertenecer a ella no otorga derecho preferente a financiación. Su valor está en la influencia, no en el dinero. VaSiC participará en sus cuatro grupos de trabajo: cadenas de suministro, talento y capacidades, sustancias PFAS y automoción.
Lo que de verdad se está cocinando en Bruselas
El movimiento se entiende mejor mirando al calendario legislativo. El 3 de junio de 2026, la Comisión presentó su propuesta de revisión de la Ley Europea de Chips, y ese texto incorpora una figura nueva: la región europea de excelencia en semiconductores, junto a una red que agruparía a los territorios que obtengan esa etiqueta.
Los requisitos son exigentes y explican por qué un clúster querría posicionarse con antelación. La solicitud debe presentarla una autoridad regional, y necesita el respaldo expreso del Estado miembro, una estrategia a diez años, un plan regional de inversión en semiconductores, una descripción de las capacidades industriales y científicas, disponibilidad de suelo y energía, medidas de formación y atracción de talento, y mecanismos para captar inversión privada e integrar a las pymes.
¿Para qué serviría el sello? La propuesta señala que podrá tenerse en cuenta al seleccionar operaciones dentro de determinados programas europeos, además de mejorar la visibilidad del territorio y facilitar alianzas internacionales. No implica financiación automática ni reserva cantidad alguna para cada región.
Y hay dos matices imprescindibles: la propuesta todavía debe negociarse y aprobarse por el Parlamento Europeo y el Consejo, y entrar en la alianza industrial no coloca automáticamente a ninguna región en esa futura red. Son dos procesos distintos.
Un ecosistema que avanza y un campus que no
El ecosistema valenciano tiene argumentos que explican por qué aspira a esa posición, y son bastante específicos. Su fortaleza no está en la fabricación masiva de obleas, sino en el diseño de circuitos y, sobre todo, en la fotónica integrada, un terreno donde ha construido una cadena poco habitual en España: investigación universitaria, salas blancas, prototipado y spin-offs.
El eje es la Universitat Politècnica de València, con el iTEAM, el Centro de Tecnología Nanofotónica y la plataforma UPVfab, que participa además en PIXEurope, la línea piloto europea de fotónica integrada, con nuevas instalaciones en L'Eliana.
De ahí han salido empresas como iPronics, especializada en circuitos fotónicos programables y orientada a la interconexión de centros de datos de inteligencia artificial, o HYPIC, reconocida como spin-off en 2025. Y sobre todo Attypics Photonics, constituida en abril de este año, que ha recibido 24,5 millones de inversión pública de la SETT dentro de una primera fase de unos 50 millones, con 1.240 metros cuadrados de salas blancas previstos y en torno a cien empleos directos. A ello se suman centros de diseño de multinacionales como MaxLinear, Analog Devices, Bosch, ams OSRAM, DAS Photonics o VLC Photonics, hoy integrada en Hitachi.
El contraste llega con el proyecto llamado a coserlo todo. El Campus Internacional de Semiconductores de Valencia, respaldado por las Cortes Valencianas en 2023 y objeto de un acuerdo de intenciones ese mismo año entre la Generalitat, la patronal, VaSiC y las dos universidades, continúa pendiente de concreción administrativa y de un modelo de gobernanza común. Los proyectos tecnológicos y formativos llamados a integrarlo avanzan, pero lo hacen por separado. El secretario de VaSiC, Carlos G. Triviño, ha reclamado precisamente que se constituya la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para desbloquearlo.
Esa tensión —capacidades reales que progresan, estructura común que no termina de cuajar— es reconocible más allá de Valencia. Es la misma que atraviesa la apuesta española por los semiconductores, que ha ido virando de la megafábrica soñada a una cartera de capacidades especializadas repartidas por el territorio, con la incógnita de si acabarán conectándose entre sí.
Si la nueva ley europea sale adelante con la figura de las regiones de excelencia, esa pregunta dejará de ser retórica. Optar al sello exigirá a cada territorio presentar una estrategia coherente a diez años y conseguir que el Estado la respalde. Y eso obliga a algo que hasta ahora no ha sido necesario: decidir qué regiones españolas compiten, en qué se especializa cada una y quién ordena el conjunto.
