Cuando una empresa o una administración construye sus servicios sobre la nube de un gran proveedor, suele descubrir tarde un detalle incómodo: salir de ahí es carísimo. Las aplicaciones se escriben contra las herramientas de ese proveedor, los datos se acumulan en su infraestructura y migrar implica rehacer buena parte del trabajo. El sector lo llama dependencia del proveedor, y es uno de los obstáculos más concretos —y menos discutidos— cuando se habla de soberanía digital.
A ese problema apunta la operación que acaba de hacer pública la SETT, la sociedad estatal adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ha invertido 1,47 millones de euros en Kumori Systems, una empresa valenciana de software de sistemas especializada en infraestructuras en la nube y virtualización. La entrada se produce dentro de una ampliación de capital de tres millones articulada como colaboración público-privada.
Kumori es una spin-off de la Universitat Politècnica de València cuyo proyecto arrancó en 2013 y que, según la SETT, ha pasado de la fase de investigación a la de madurez tecnológica, con soluciones operativas y casos de uso en entornos institucionales —universidades y centros de investigación—, industriales y de defensa.
Qué hace exactamente
Su tecnología se articula en dos productos complementarios. CloudOS es un sistema operativo que se instala sobre la nube del cliente y abstrae todo el hardware subyacente, lo que permite operar en entornos muy distintos e incluso sin conectividad. Axebow es una plataforma dirigida a proveedores de infraestructura como servicio, que automatiza y gestiona sus servicios para reducir el coste operativo.
El valor diferencial está en esa abstracción. Al desacoplar las aplicaciones de la infraestructura concreta sobre la que corren, una organización puede integrar servidores de distintos proveedores sin depender de uno solo, y hacerlo además de forma sencilla: basta con indicar qué aplicaciones necesitan comunicarse entre sí, y la plataforma monta la infraestructura necesaria. La solución permite también trabajar desde el borde —procesando y almacenando los datos en los propios equipos— sin recurrir siempre a centros de datos ajenos.
Conviene precisar el alcance: la SETT señala que la empresa "está preparada para desarrollar" modelos que habiliten un cloud cien por cien soberano. Es una capacidad declarada, no un despliegue completado.
La SETT, un inversor estatal que empieza a dibujar un mapa
La operación se ha realizado a través de Next Tech, la facilidad con la que la sociedad estatal invierte en startups y scale-ups tecnológicas con fondos del Plan de Recuperación. Y no es un movimiento aislado: es una pieza más de una estrategia que ya tiene contornos reconocibles.
En los últimos meses, la SETT ha entrado en el capital de Substrate AI con 3,9 millones para escalar IA soberana, ha reforzado su apuesta por Multiverse Computing con 107 millones adicionales para blindar la soberanía en inteligencia artificial y ha participado después en la ronda con la que la compañía donostiarra captó hasta 500 millones. La misma sociedad gestiona además el PERTE Chip, el instrumento de microelectrónica y semiconductores desde el que se articula la apuesta española por los chips, y el Spain Audiovisual Hub.
Puestas en fila, esas operaciones dibujan un patrón: el Estado está tomando participaciones en las capas críticas de la infraestructura digital. Modelos de inteligencia artificial, semiconductores y ahora el software que gestiona la nube. La lógica es la misma en los tres casos, y responde a una constatación europea: sin capacidades propias en esas capas, la autonomía tecnológica es un enunciado sin sustento.
Una capa poco vistosa pero decisiva
De todas ellas, la del software de infraestructura es probablemente la menos espectacular. No hay fábricas, ni salas blancas, ni gigavatios. Pero es la que determina, en la práctica, si una administración puede cambiar de proveedor sin rehacer sus sistemas, o si un fabricante puede procesar sus datos en planta sin enviarlos fuera.
Que aparezcan casos de uso en defensa apunta precisamente a ese terreno: entornos donde la información no puede salir del perímetro y donde la conectividad no siempre está garantizada. Es el mismo requisito que aparece cuando se habla de capacidades españolas trabajando para estructuras aliadas: controlar dónde residen los datos y quién puede acceder a ellos.
La cifra invertida es modesta si se compara con otras operaciones recientes de la sociedad estatal, y el propio recorrido de Kumori está aún por demostrarse a escala. Pero la dirección es la relevante. La soberanía digital se juega menos en las declaraciones que en decisiones como esta: quién escribe el software que permite decir que no a un proveedor.
