La IA generativa llega a la administración española de la mano de Izertis
Izertis se ha aliado con Anthropic y OpenAI, las dos grandes referencias mundiales en inteligencia artificial generativa, para desplegar sus modelos en el sector público español con un enfoque de gobernanza, seguridad y cumplimiento normativo.
La inteligencia artificial generativa ha entrado con fuerza en el mundo empresarial, pero su llegada a la administración pública plantea un reto distinto y más delicado.
Una cosa es que una empresa use un asistente de IA para redactar informes o automatizar procesos, y otra muy distinta que lo haga un organismo público que gestiona datos sensibles de millones de ciudadanos, toma decisiones que afectan a derechos y está sujeto a un escrutinio normativo mucho más estricto. Adoptar esta tecnología en el sector público exige potencia, sí, pero sobre todo control, trazabilidad y garantías. Y ese es precisamente el terreno en el que se ha posicionado Izertis.
La consultora tecnológica de origen asturiano, cotizada en el Mercado Continuo, ha anunciado una alianza con Anthropic y OpenAI -las dos compañías que lideran hoy el desarrollo mundial de la inteligencia artificial generativa, creadoras respectivamente de Claude y ChatGPT- para llevar sus modelos a las administraciones públicas españolas. Pero el núcleo del anuncio no es tanto el acceso a esa tecnología, disponible para cualquiera, como la forma de desplegarla: con un marco de gobernanza que garantice un uso seguro, ético y conforme a la normativa europea.
El reto no es la tecnología, es gobernarla
La potencia de los modelos de Anthropic y OpenAI está fuera de discusión. El verdadero desafío para una administración pública no es acceder a ellos, sino integrarlos de forma que se pueda auditar cada decisión, proteger los datos de los ciudadanos, mantener la supervisión humana y demostrar ante cualquier organismo de control que el sistema funciona conforme a la ley. Sin ese marco, la IA generativa es una herramienta poderosa pero ingobernable, y ninguna administración seria puede permitirse desplegarla así.
Ahí reside el valor de la propuesta de Izertis. La compañía se convirtió en mayo de 2025 en la primera consultora tecnológica de España en certificar su Sistema de Gestión de la Inteligencia Artificial conforme a la norma internacional ISO/IEC 42001, la primera del mundo dedicada específicamente a la gobernanza de la IA. Esa certificación, obtenida con AENOR, acredita que la empresa gestiona todo el ciclo de vida de sus soluciones de IA —desarrollo, despliegue, operación y retirada— mediante procesos auditables de evaluación de impacto, gestión de riesgos, registro de eventos, supervisión humana continua y explicabilidad.
En un proyecto para el sector público, esos elementos no son un extra: son un requisito. La norma ISO/IEC 42001 se diseñó precisamente para convivir con marcos regulatorios como el europeo, y aporta la estructura de control que un despliegue de IA en la administración necesita para ser defendible ante auditores, comités de riesgo y supervisores.
La cita con el 2 de agosto
El momento de la alianza puede que no sea casual. El Reglamento europeo de inteligencia artificial entra en su fase más exigente el 2 de agosto de 2026, con la aplicación plena de las obligaciones para los sistemas considerados de alto riesgo, una categoría en la que encajan muchas de las aplicaciones que una administración pública puede plantearse: sistemas que ayudan a asignar recursos, a priorizar expedientes o a interactuar con los ciudadanos.
A partir de esa fecha, cualquier organismo que despliegue IA de alto riesgo deberá cumplir requisitos estrictos de transparencia, trazabilidad, gestión de riesgos y supervisión humana. Para las administraciones, esto convierte la elección del socio tecnológico en una decisión crítica: no basta con contratar a quien tenga acceso a los mejores modelos, hace falta quien sepa desplegarlos cumpliendo la norma. Izertis, que obtuvo su certificación ISO/IEC 42001 anticipándose deliberadamente a la entrada en vigor del Reglamento, se posiciona para responder a esa demanda que el nuevo marco legal va a disparar. Como marco de referencia, Conecta ya ha analizado en detalle qué obligaciones impone el Reglamento europeo de IA y cómo deben prepararse las organizaciones españolas.
Un puente entre la potencia global y el control local
La alianza dibuja un modelo que va a repetirse en muchos sectores regulados: la tecnología de IA la desarrollan un puñado de grandes compañías globales, pero su implantación en entornos sensibles requiere un socio local -o nacional- que conozca el marco normativo, la realidad del cliente y las exigencias de gobernanza. Izertis se sitúa en ese punto intermedio, actuando como integrador que traduce la capacidad de Anthropic y OpenAI en soluciones desplegables con garantías dentro de la administración española.
Ese posicionamiento encaja con la trayectoria reciente de la compañía, que ha reforzado sus capacidades en inteligencia artificial, datos y ciberseguridad como parte de su plan de crecimiento, y que suma a esta alianza certificaciones clave para el sector público como el Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto. La combinación de acceso a los modelos punteros, certificación específica en gobernanza de IA y credenciales de seguridad configura una propuesta pensada a la medida de las necesidades de las administraciones.
El debate de fondo sobre la soberanía tecnológica europea sigue muy vivo. Un reciente informe de Fundación Telefónica revela que la mayoría de los españoles reclama alternativas europeas a las grandes plataformas tecnológicas, aunque dos de cada tres no conozcan ninguna.
Mientras esa oferta europea madura y gana visibilidad, las herramientas de IA generativa más avanzadas del momento siguen siendo las de compañías como Anthropic y OpenAI, y lo determinante es cómo se adoptan: con criterio, control y cumplimiento. Que sea una empresa española, con conocimiento del marco europeo y certificación internacional en gobernanza de IA, la que tienda ese puente encaja precisamente con lo que ese mismo debate reclama: capacidades nacionales que aporten valor y garantías a la modernización de la administración y al conjunto del ecosistema tecnológico del país.