La red de innovación que España tiene montada y no usa: la FP y las pymes

Cuando se habla de innovación en España, el foco se dirige casi siempre al mismo sitio: la universidad, los centros tecnológicos, las grandes empresas con departamentos de I+D. La Formación Profesional rara vez entra en esa conversación. Y sin embargo, según un informe que acaban de presentar CaixaBank Dualiza y la Fundación Cotec, es probablemente el agente mejor colocado para hacer algo que el resto del sistema hace con dificultad: llevar innovación aplicada y asequible a las pequeñas y medianas empresas que forman la columna vertebral de la economía española.

El estudio, titulado El sistema de Formación Profesional y la Innovación en España, es el primero que analiza de forma sistemática esa doble relación: cómo innova la propia FP por dentro y, sobre todo, qué puede aportar la FP al conjunto del sistema de innovación del país. Su conclusión de fondo es a la vez un reconocimiento y una advertencia: la FP ya innova mucho más de lo que se cree, pero esa aportación sigue siendo prácticamente invisible en las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.

Un actor invisible en los planes de innovación

El dato más contundente del informe tiene que ver con esa invisibilidad. Al analizar las estrategias de especialización inteligente (las llamadas RIS3) de las comunidades autónomas —las hojas de ruta que ordenan la innovación en cada territorio—, el estudio concluye que la mayoría sitúan a la Formación Profesional en un nivel de "invisibilidad práctica" o, como mucho, la reducen a un mero ajuste de la oferta laboral. La FP aparece como proveedora de trabajadores cualificados, no como generadora de innovación.

Lo mismo ocurre a escala estatal. Ni la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 ni el Plan Estatal de Investigación reconocen a la FP como un actor con capacidad propia de innovar y transferir conocimiento. El sistema de I+D+i español, históricamente, ha mirado a la universidad y ha dejado a la FP fuera del mapa.

Ese desajuste choca con lo que ocurre dentro de los centros. Según la encuesta a 258 centros de FP que sustenta el informe, ocho de cada diez ya han incorporado la innovación como eje de su proyecto educativo. La voluntad existe. Lo que falta son las condiciones para convertirla en práctica sistemática y, sobre todo, el reconocimiento institucional que la sitúe en el lugar que le corresponde.

El cuello de botella: tiempo, no talento

Si la innovación en la FP no despega del todo, el informe es claro sobre la causa principal, y no tiene que ver con la capacidad de los docentes. El problema es estructural: solo uno de cada cuatro profesores dispone de tiempo no lectivo asignado para innovar. Se les pide innovar, se valora que lo hagan, se declara prioritario en los documentos oficiales, pero después no se libera tiempo para ejecutarlo. Es el cuello de botella que más se repite en todo el estudio.

A esa limitación se suma una arquitectura institucional desigual. El informe detecta que tres de cada cuatro centros innovan de forma frecuente cuando su comunidad autónoma cuenta con una institución que lo facilita; donde no existe esa estructura, solo lo hace uno de cada tres. La diferencia, subraya el estudio, no está en la calidad del profesorado, sino en si el territorio ha construido o no la arquitectura que hace posible innovar. En este punto, el informe señala a Galicia como caso pionero, la única comunidad que ha integrado de forma explícita y estratégica a la FP en su política de innovación.

El eslabón que las pymes necesitan

Aquí está, probablemente, el argumento más relevante del informe desde el punto de vista económico e industrial. La FP cubre un segmento que ni la universidad ni los centros tecnológicos atienden con la misma eficacia: la innovación incremental, aplicada y de bajo coste, dirigida a empresas con escasa o nula capacidad interna de I+D. Es decir, la inmensa mayoría del tejido de pymes y micropymes español.

Una pyme que no puede permitirse un departamento de I+D ni contratar los servicios de un gran centro tecnológico sí puede, en cambio, colaborar con un centro de FP de su entorno para resolver un problema técnico concreto, mejorar un proceso o adoptar una tecnología. El informe describe a la FP como un "mediador tecnológico de proximidad", capaz de generar valor productivo medible cuando se dan las condiciones adecuadas. Y describe a los egresados de FP como "puentes cognitivos" que, una vez incorporados a las plantillas, mejoran la capacidad de las empresas para absorber e implementar innovación.

Esa cercanía al tejido productivo real es el activo diferencial de la FP. Mientras la investigación universitaria tiende a moverse en la frontera del conocimiento, la FP opera en el terreno donde ese conocimiento se aplica: el taller, la línea de producción, el proceso concreto. Son dos formas complementarias de innovar, pero el sistema solo ha reconocido y financiado una de ellas.

Una ley que ya lo reconoce y un sistema que aún no lo aplica

El marco legal, de hecho, ya ha dado el primer paso. La Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional incorporó la innovación y la investigación aplicada como parte del sistema de FP, un cambio que el informe describe como un punto de inflexión. Existe además una Red Estatal de Centros de Excelencia, dotada con una inversión de 112 millones de euros, y convocatorias del Ministerio que han movilizado 43 millones en 257 proyectos de innovación.

Los instrumentos, por tanto, empiezan a existir. El problema, según el informe, es que operan de forma fragmentada, sin una tipología compartida entre administraciones, sin canales estables para transferir resultados y sin las condiciones organizativas —el tiempo docente, de nuevo— que harían viable la innovación que persiguen. El reto, concluye el estudio, no es multiplicar las convocatorias, sino articular con coherencia lo que ya existe e integrar de una vez a la FP en la gobernanza del sistema de I+D+i.

El informe lanza recomendaciones concretas a los cuatro agentes implicados: que la Administración educativa dote de madurez, presupuesto e indicadores a sus planes de innovación; que el sistema de I+D+i reconozca a la FP como actor pleno y adapte a su escala unos instrumentos financieros pensados hoy para universidades; que los centros consoliden la figura del coordinador de innovación con dedicación real; y que las empresas dejen de ver a la FP solo como proveedora de mano de obra para tratarla como aliado estratégico en sus proyectos de innovación. La conclusión de fondo es que España tiene, en su red de centros de Formación Profesional, una infraestructura de innovación aplicada ya montada y repartida por todo el territorio. Falta decidir si se la quiere utilizar como tal.