Un total de 1.112 empresas han comunicado al Principado la suspensión, por finalización, desestimiento o renuncia, de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que comenzaron a aplicar al inicio de la emergencia sanitaria, según los datos que maneja la Dirección General de Empleo y Formación. De este modo, la progresiva vuelta a la normalidad también se percibe en las medidas sociolaborales adoptadas por las compañías como consecuencia de la crisis de la COVID-19.
Las suspensiones corresponden a ERTE de empresas o empleadores autónomos con sede en Asturias, tramitados directamente por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, y que implican a 6.473 personas, de las cuales 6.292 estaban afectadas por expedientes de fuerza mayor y 181 por otras causas (económicas, técnicas, productivas y organizativas).
La Dirección General de Empleo y Formación ha tramitado hasta ahora 12.298 solicitudes que involucran a 51.416 trabajadores, lo que supone el 99,20% de los expedientes presentados en Industria desde el 11 de marzo. De ellos, 11.294 tienen la consideración de fuerza mayor, con 40.863 personas afectadas, y los 1.004 restantes, debidos a otras causas, llevaron a 10.553 empleados a la suspensión de empleo o a la reducción de jornada.
La incidencia sectorial de los ERTE no varía y los servicios encabezan las reducciones de jornada o suspensiones de empleo, con 10.587 solicitudes y 37.662 personas implicadas. A continuación, se sitúan la industria, con 1.341 expedientes, y la construcción, con 268.
Por actividades económicas, restauración y hostelería, comercio minorista, fabricación de productos metálicos, y establecimientos de peluquería y estética y reparación y venta de vehículos son, por este orden, las que se han visto obligadas a regular a más personas.
