Galicia usará su poder de compra para 'fabricar' industria de defensa y aeroespacio con 40 millones
El Gobierno gallego destinará 40 millones de euros a atraer y desarrollar grandes proyectos de seguridad, defensa y aeroespacio mediante Compra Pública Precomercial, con la condición de que la fabricación se realice en la comunidad. Es la primera de las tres grandes actuaciones de un programa que aspira a movilizar 900 millones y crear más de 500 empleos cualificados hasta 2030.
Cuando una administración quiere impulsar su industria, lo habitual es que reparta subvenciones. Galicia ha decidido hacer algo distinto y más sofisticado: usar su capacidad de compra como palanca para construir tejido industrial de defensa y aeroespacio. La diferencia no es menor. En lugar de dar dinero a fondo perdido, la Xunta va a "comprar" el desarrollo de tecnologías que todavía no existen, asumiendo parte del riesgo, con una condición innegociable: que lo que se desarrolle se fabrique en Galicia.
El Gobierno gallego ha aprobado destinar 40 millones de euros a atraer y desarrollar grandes proyectos industriales de seguridad, defensa y aeroespacio, en lo que presenta como una actuación pionera en España por el mecanismo que emplea. La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030 de la comunidad, y llega en un momento de fuerte expansión del gasto en defensa en toda Europa, que está reordenando las cadenas de suministro industriales y abriendo oportunidades para los territorios que se posicionen a tiempo.
Qué es la Compra Pública Precomercial
La clave de la operación está en el instrumento elegido, la Compra Pública Precomercial (CPP), un mecanismo poco conocido pero muy potente. Conviene entenderlo, porque es lo que distingue esta iniciativa de una subvención al uso.
En una compra pública convencional, la administración adquiere un producto o servicio que ya existe en el mercado. En la Compra Pública Precomercial, en cambio, contrata algo que aún no existe: servicios de investigación y desarrollo para crear una solución nueva a un reto concreto. La administración no espera a que la industria invente algo por su cuenta y luego lo compra, sino que financia el propio proceso de desarrollo, desde el prototipo de laboratorio hasta su validación en condiciones reales.
Lo característico de este modelo es el reparto de riesgos y beneficios. La administración asume parte del riesgo tecnológico —el que asusta a cualquier empresa a la hora de invertir en I+D sin garantías de retorno—, y a cambio comparte con las compañías los resultados, en lugar de reservárselos en exclusiva. Es, en la práctica, convertir al sector público en el primer cliente y en catalizador de una tecnología que sin ese empuje quizá no llegaría a desarrollarse. Para las empresas, supone acceso a financiación, a un entorno real de validación y a un cliente de referencia; para la administración, la posibilidad de resolver necesidades para las que no hay solución en el mercado y, sobre todo, de anclar la actividad industrial resultante en su territorio.
Tecnologías duales: el punto donde lo civil y lo militar se encuentran
Los proyectos que financiará la Xunta deberán responder a retos muy diversos, y aquí aparece otro concepto central: las tecnologías duales, aquellas que sirven tanto para el ámbito civil como para el de defensa. No se trata solo de armamento. La convocatoria busca soluciones en campos como la gestión de emergencias, la protección civil y las operaciones de búsqueda y rescate, la vigilancia del litoral y del medio marino, la protección de infraestructuras críticas, la ciberseguridad y las comunicaciones seguras, la movilidad y la logística, o la atención sanitaria en entornos dispersos.
Ese carácter dual es lo que hace el modelo especialmente atractivo desde el punto de vista industrial. Una misma tecnología —un dron de vigilancia, un sistema de comunicaciones seguras, un sensor para el litoral— puede tener aplicaciones en seguridad y defensa, pero también en la gestión del territorio, el medio ambiente o la respuesta ante catástrofes. Eso amplía el mercado potencial de las empresas que las desarrollen y reduce su dependencia exclusiva del ciclo de gasto militar, haciendo las inversiones más robustas.
La fabricación local como condición
El aspecto más relevante para el tejido industrial gallego, y el que marca la diferencia respecto a convocatorias anteriores, es que la fabricación en Galicia se incorpora como criterio de selección. No basta con desarrollar una buena tecnología: la Xunta valorará expresamente que los proyectos lleven asociada producción en la comunidad, con el objetivo declarado de reforzar la cadena de valor gallega, generar empleo cualificado y maximizar el retorno industrial de la inversión pública.
El procedimiento está abierto a empresas comunitarias y no comunitarias, así como a agrupaciones de operadores, con un requisito de solvencia: acreditar un volumen de negocio medio anual de al menos 5 millones de euros en defensa, seguridad o aeroespacio en los tres últimos ejercicios, y experiencia probada en proyectos de I+D o comerciales de alta tecnología. La selección se hará mediante un diálogo competitivo en tres fases —un formato que permite contrastar y perfeccionar las propuestas antes de las ofertas finales—, y el plazo para solicitar la participación permanece abierto hasta el 30 de septiembre. La convocatoria, además, no parte de la nada: la avaló un diálogo previo con la industria en el que participaron 78 empresas interesadas.
Una pieza de un programa mayor
Conviene situar los 40 millones en su contexto exacto para no sobredimensionarlos. Esta licitación es la primera de las tres grandes actuaciones previstas en el Programa Ecosistema de la estrategia gallega de defensa. El conjunto del programa contempla 621 millones de euros de inversión público-privada —de los que la aportación de la Xunta rondaría los 84 millones—, aspira a movilizar 900 millones de euros y a crear más de 500 empleos directos de alta cualificación hasta 2030. Los 40 millones son, por tanto, el pistoletazo de salida de una apuesta mucho más amplia, no su totalidad.
Galicia no llega a este terreno como principiante. En la última década, la comunidad ha desarrollado ya dos licitaciones de compra pública precomercial en el ámbito aeroespacial que culminaron con acuerdos de asociación con algunas de las principales compañías del sector, como Airbus, Boeing, Indra, Aertec, Tecnobit, Telespazio y Avincis. Esa experiencia previa es la que respalda la ambición actual y la que explica que la Xunta se atreva ahora a dar el salto hacia la defensa y las tecnologías duales.
Galicia, una estrategia industrial que se lee en varios frentes
Este anuncio no es un movimiento aislado, sino una pieza más de una ofensiva industrial que la comunidad viene desplegando en los últimos meses y que Conecta ha seguido de cerca. Y hay un hilo que la recorre: el uso de la ciencia y la tecnología como palanca de desarrollo económico.
La propia Compra Pública Precomercial que ahora se aplica a la defensa ya se está usando en un frente muy distinto: la gran ciencia. Hace unas semanas, más de 130 empresas gallegas se postularon para fabricar una pieza del Future Circular Collider, el gigantesco acelerador de partículas que sucederá al del CERN, un proyecto con un retorno industrial estimado de 1.000 millones de euros para España y que exige exactamente el mismo tipo de capacidades de fabricación de precisión que la industria de defensa y aeroespacio.
En paralelo, la comunidad trabaja en reforzar sectores estratégicos por otras vías. En biotecnología, la Xunta y el clúster Bioga han renovado su apuesta por el sector con un convenio que se extiende hasta 2027. Y en el ámbito digital, el diagnóstico es tan ambicioso como autocrítico: el sector TIC gallego factura ya 4.000 millones de euros, pero el 67% de sus empresas se limita a programar y consultar, una dependencia que el nuevo Plan TIC quiere corregir para escalar hacia actividades de mayor valor añadido. Defensa, gran ciencia, biotecnología y digitalización dibujan, en conjunto, una estrategia que busca situar a Galicia en las cadenas de valor tecnológicas más exigentes.
Una estrategia que encaja con el momento
El movimiento gallego no se entiende sin el contexto nacional y europeo. La industria de defensa española vive un momento de fuerte impulso, con los nuevos Programas Especiales de Modernización que destinan miles de millones a la industria nacional y con las grandes empresas del sector posicionándose en los foros de la OTAN de cara a los nuevos programas aliados. En ese tablero, las comunidades autónomas compiten por atraer su parte de una tarta industrial que crece, y Galicia —que ya cuenta con una potente industria naval y un ecosistema aeroespacial en desarrollo— quiere asegurarse un asiento.
La apuesta tiene lógica territorial. Una región con tradición naval, con astilleros capaces de reinventarse y con centros tecnológicos activos en robótica, materiales y digitalización dispone de una base sobre la que construir capacidades duales. Usar la compra pública para dirigir esa base hacia la defensa y el aeroespacio, en lugar de esperar a que el mercado lo haga por sí solo, es una decisión de política industrial que otras comunidades observarán con atención. Si el modelo funciona, no será solo Galicia la que gane: será un ejemplo replicable de cómo una administración puede usar su capacidad de compra no para gastar, sino para construir industria.