Hay una cifra en el último anuncio del Ministerio de Defensa que es más importante que los 1.400 millones de euros del titular: el 89%. Es el porcentaje de esa inversión que, según la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, se quedará dentro de la industria de defensa española. Dicho de otro modo, de cada diez euros que el Estado va a poner este año en la nueva oleada de programas de armamento, casi nueve acabarán en empresas que fabrican, diseñan o integran tecnología en España. Ese dato es el que convierte una noticia de política de defensa en una noticia industrial.
El Ministerio ultima el lanzamiento de al menos 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), el instrumento con el que España financia el desarrollo de grandes sistemas de armas a través de préstamos y anticipos canalizados en buena parte por el Ministerio de Industria. La inversión asociada asciende a algo más de 1.400 millones de euros en la anualidad de 2026, aunque, por su carácter plurianual, la cifra total de estos programas podría situarse, según las estimaciones que maneja el sector, entre los 11.000 y los 16.000 millones de euros repartidos en ejercicios que en algunos casos se extienden hasta 2042.
Los nuevos programas se concentran en las prioridades que marcan la Comisión Europea y la OTAN, con un foco muy definido: defensa antiaérea, modernización y sostenimiento de sistemas aeronáuticos y navales e impulso a la industria de misiles, un ámbito que Valcarce calificó de "absolutamente fundamental" para España. Entre los proyectos que han trascendido figuran la nueva corbeta europea de Navantia, la actualización de fragatas y cazaminas, la modernización del Eurofighter y del helicóptero NH-90, sistemas antidrones y capacidades de posicionamiento y navegación.
La segunda ola de un plan que arrancó en 2025
Estos 15 programas no surgen de la nada. Son la continuación de una estrategia que se puso en marcha el año pasado con el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, bajo el que se lanzaron 35 PEM que movilizaron una inversión adicional superior a los 10.400 millones de euros, con compromisos que en muchos casos se prolongan más allá de 2040. Si aquella fue la primera ola, la que ahora ultima el Ministerio es la segunda, y llega con el mismo mecanismo ya rodado: reales decretos de concesión directa que identifican a las empresas encargadas de desarrollar cada capacidad y les facilitan financiación pública para hacerlo.
El contexto que lo explica todo es el compromiso de España con la OTAN de alcanzar en 2026 una inversión en defensa equivalente al 2% del PIB, en torno a 34.000 millones de euros. Para llegar a esa cifra, el Ministerio se apoya en tres palancas: los nuevos PEM, el Plan Anual de Contratación 2026 —que contempla licitaciones por unos 10.000 millones— y la ejecución de las inversiones ya comprometidas en el plan de 2025. Los nuevos programas son, en palabras de Valcarce, la tercera de esas palancas.
La CEOE crea su propia comisión de defensa
El anuncio no se produjo en un cuartel ni en una feria de armamento, sino en la sede de la patronal. Y ese detalle no es menor. Valcarce lo hizo durante la constitución de la primera Comisión de Seguridad y Defensa de la CEOE, un órgano de nueva creación con el que la mayor organización empresarial de España sitúa la industria de defensa entre sus prioridades estratégicas.
Es un cambio de escala relevante. Durante décadas, la defensa fue en España un asunto de un grupo relativamente reducido de grandes contratistas. La creación de una comisión específica dentro de la CEOE apunta en otra dirección: la de convertir la base industrial de defensa en una cuestión transversal que interesa al conjunto del tejido empresarial, desde las grandes tractoras hasta las pymes proveedoras. La comisión nace además con una dimensión europea explícita, orientada a canalizar propuestas y a competir por los fondos comunitarios del futuro Fondo de Competitividad Europeo de Defensa.
Tractoras y pymes: el reparto del esfuerzo
El modelo industrial que acompaña a los PEM combina el protagonismo de las grandes empresas del sector —Navantia, Airbus, Indra, GMV, Oesía, entre otras— con una atención específica a las pymes y startups que forman la parte menos visible pero imprescindible de la cadena de suministro. Valcarce subrayó que el Ministerio trabaja para mejorar el acceso al crédito de las empresas más pequeñas y para facilitar tanto la financiación pública como la privada, con el objetivo declarado de que "ninguna empresa española quede sin la financiación necesaria".
Ahí está una de las claves de por qué este anuncio es relevante para el conjunto de la industria y no solo para los grandes nombres. Un programa de misiles o una corbeta no los fabrica una sola empresa: detrás hay decenas de proveedores de electrónica, materiales, software, sensores, mecánica de precisión y servicios de ingeniería. El efecto tractor de un PEM se propaga por toda esa cadena, y ese es precisamente el argumento que sostiene el dato del 89% de retorno a la industria nacional.
Queda, eso sí, una cautela que conviene no perder de vista. Los PEM son un instrumento de financiación complejo, basado en préstamos y anticipos plurianuales cuya ejecución real depende de que los programas avancen según lo previsto y de que los contratos se materialicen. El anuncio de 1.400 millones marca la anualidad de 2026, pero la traducción efectiva de esas cifras en actividad industrial se medirá en los próximos años, programa a programa. Con esa cautela por delante, lo que el movimiento deja claro es la dirección: España ha decidido que su rearme sea también una política industrial, y que el dinero público se traduzca, en la medida de lo posible, en capacidades tecnológicas y empleo dentro de sus fronteras.
