Un aerogenerador marino no cabe en un camión. Las torres se miden en decenas de metros, las palas superan los cien y las cimentaciones pesan miles de toneladas. Con la tecnología flotante —la que requieren mayoritariamente las costas españolas por su profundidad— el problema se agrava y a la vez se simplifica: la estructura se fabrica, se integra y se monta en tierra, y después se remolca entera hasta su emplazamiento.
Eso convierte al puerto en fábrica. Y no en cualquier puerto: hacen falta hectáreas pegadas al agua, muelles capaces de aguantar cargas industriales extraordinarias, calados profundos y espacio marítimo para maniobrar con estructuras que flotan pero no navegan.
España acaba de decidir cuáles serán. El programa PORT-EOLMAR, gestionado por el IDAE, resolvió el pasado 26 de junio la concesión de 212 millones de euros a cinco proyectos que transformarán seis puertos. La resolución lleva semanas publicada, lo que no se había contado hasta ahora es el mapa completo: qué se va a construir en cada sitio, con qué dinero y para fabricar qué.
Los 212 millones no son toda la cifra
Conviene ordenar las magnitudes, porque circulan mezcladas.
Los 212 millones son la subvención. El coste subvencionable de las obras portuarias asciende en realidad a 255,79 millones, de modo que las autoridades portuarias asumen la diferencia. A eso se añade una segunda bolsa, la verdaderamente relevante: 470,67 millones de inversión industrial privada asociada.
Esa inversión no es un adorno. Las bases exigían que cada proyecto viniera respaldado por concesionarios privados comprometidos a invertir una cantidad igual o superior a la ayuda solicitada, y que las instalaciones quedaran vinculadas durante al menos diez años a la cadena de valor de las renovables marinas. Dicho de otro modo: el Estado no ha repartido dinero entre puertos que quisieran modernizarse, sino entre puertos que ya tenían empresas dispuestas a desarrollar allí actividad industrial vinculada a las renovables marinas.
Sumando ambas bolsas, el programa queda ligado a 726,46 millones de euros, con una proporción llamativa: 2,22 euros privados comprometidos por cada euro de subvención.
Los requisitos físicos explican por qué solo entraron cinco proyectos. Cada candidatura debía acreditar al menos un atraque de 300 metros, 300 metros de línea de atraque, 15 metros de calado en muelle y canal y 15 hectáreas de explanada —diez en Canarias—. Superar esos mínimos daba más puntos, igual que la madurez administrativa, el empleo previsto, la situación de las concesiones o la capacidad concreta de fabricar y ensamblar eólica flotante.
Mapa interactivo
Cinco proyectos, seis puertos: el mapa de PORT-EOLMAR
Selecciona uno de los cinco proyectos apoyados por el IDAE para conocer qué se construirá, la ayuda concedida y la inversión industrial asociada. A Coruña y Ferrol forman conjuntamente el proyecto Golfo Ártabro-Offshore Wind.
Selecciona un punto para conocer el proyecto
Nota: la inversión industrial asociada corresponde a los proyectos privados vinculados a cada candidatura y no al coste de las obras portuarias.
El norte se lleva dos tercios de la industria
El reparto territorial no está equilibrado, y esa es la primera conclusión del mapa.
La fachada norte —A Coruña, Ferrol y Gijón— concentra 107,17 millones de ayuda, el 50,6% del programa. Pero su peso en la inversión industrial es mayor: 322,87 millones, el 68,6% de todo el compromiso privado. El proyecto gallego, por sí solo, se lleva el 47,2% de las ayudas y casi el 60% de la inversión industrial de la convocatoria. El Mediterráneo suma 74,83 millones entre Tarragona y Castellón; Canarias, 30.
Golfo Ártabro: el polo con más industria detrás
El proyecto mejor puntuado de España —90,67 puntos— es también el único multipuerto: A Coruña y Ferrol concurrieron juntos bajo el nombre Golfo Ártabro-Offshore Wind. Recibe los 100 millones de ayuda, repartidos de forma muy desigual (97,45 para A Coruña y 2,55 para Ferrol), con 281,3 millones de inversión industrial asociada.
La actuación se concentra en Punta Langosteira, en el sector sur del puerto exterior coruñés, donde se urbanizará terreno hoy sin desarrollar, se crearán grandes explanadas industriales y se construirán en torno a 450 metros de nuevo muelle por delante de la escollera actual. La previsión comunicada era licitar en 2026 y disponer de la infraestructura hacia 2029.
Es el ecosistema empresarial más denso de los cinco. A finales de junio se identificaban cinco proyectos firmes respaldados con avales bancarios —Navantia, WindWaves, Acciona, Esteyco y Saitec—, con una inversión estimada entonces en torno a 250 millones en Langosteira. Antes habían mostrado interés Moncobra, Nervión, Ferrovial o GRI Renewable Industries. Conecta analizó este proyecto cuando aún estaba en fase de propuesta definitiva; las cifras se han confirmado íntegramente.
Hay, eso sí, un movimiento posterior a la solicitud que conviene registrar. Amper, a través de WindWaves, trasladó su proyecto industrial desde Caneliñas (Ferrol) a Punta Langosteira, liberando una concesión de unos 70.000 metros cuadrados para facilitar la llegada del proyecto de SAIC, pese a tener ya licencia municipal para la planta ferrolana. Las bases contemplan modificaciones y existe procedimiento para gestionarlas, pero no hemos localizado en fuentes públicas un desglose actualizado de los 281,3 millones por empresa ni qué actividad industrial permanece finalmente en Ferrol.
Gijón: la mayor palanca privada por euro público
El Musel recibe 7,17 millones, la menor ayuda de la convocatoria. Y es, con 76,07 puntos, el segundo proyecto mejor valorado de España.
La explicación está en la proporción. A esos 7,17 millones les acompañan 41,57 millones de inversión industrial: casi seis euros privados por cada euro público, la mejor relación de todo PORT-EOLMAR con diferencia. Donde otros piden dinero para construir una dársena nueva, Gijón lo pide para acondicionar el muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (RAF) y adaptar sus explanadas a la cadena de valor de la eólica flotante. Es adaptación de infraestructura existente, no obra nueva.
La pista empresarial es conocida. En diciembre de 2024 la Autoridad Portuaria adjudicó a Zima Equity Investments una concesión de unos 153.000 metros cuadrados en ese mismo muelle para una planta de producción y ensamblaje de piezas de eólica marina. Y en febrero de 2026, Dajin Heavy Industry y Zima anunciaron un acuerdo para desarrollar allí una fábrica de cimentaciones orientada a proyectos europeos e internacionales, usando Gijón también como marshalling port: base de recepción, almacenamiento y expedición de grandes componentes antes de su instalación en el mar.
La resolución del IDAE, sin embargo, no identifica qué compañía sostiene los 41,57 millones. La coincidencia de ubicación, calendario y actividad apunta a Zima y Dajin, pero no hemos localizado confirmación pública de que sea exactamente el proyecto industrial del expediente.
Tarragona: 22 hectáreas para el Golfo de León
El puerto catalán recibe 24 millones para la segunda fase de ampliación del Moll de Balears, con 40,69 millones de inversión industrial asociada y 73,91 puntos, la mejor nota del Mediterráneo.
Es el proyecto con la información física más detallada. La ficha actualizada del puerto fija 487 metros adicionales de muelle y 18,9 hectáreas de nueva explanada, que sumados a la primera fase dan 949 metros de atraque total. De ese conjunto, 617 metros y 22,28 hectáreas quedarán destinados a eólica marina, con 23 metros de calado. El presupuesto se sitúa ahora en 84,9 millones y la ejecución prevista va de abril de 2027 a mayo de 2029; cifras anteriores hablaban de unos 80 millones y 23,5 metros de calado, diferencia que probablemente refleja la evolución técnica del proyecto.
Tarragona plantea allí construcción, montaje, logística, mantenimiento e integración de aerogeneradores flotantes, y no oculta hacia dónde mira: su calendario se alinea con los grandes proyectos flotantes del Mediterráneo occidental, muy especialmente los del Golfo de León francés. Antes de presentarse había recibido diez muestras de interés para ocupar espacios vinculados a esta actividad. Quién compromete los 40,69 millones certificados por el IDAE no consta en fuentes públicas.
Castellón: el proyecto más definido, con menos dinero del pedido
PortCastelló es el único al que se concedió menos ayuda de la solicitada: pidió 74,99 millones y obtuvo 50,83. Aceptó ejecutar igualmente la actuación completa y presentó un plan financiero acreditando su capacidad para cubrir el resto. Los 24,16 millones no concedidos quedaron en lista de reserva durante seis meses desde la resolución, por si aparecieran remanentes, renuncias o desistimientos.
La obra amplía el muelle de costa de la dársena sur con una nueva línea de atraque de unos 625 metros. El puerto ha llegado a ofertar públicamente 285.000 metros cuadrados para un solo operador de eólica marina, la mayor superficie peninsular puesta a disposición de una única empresa.
Aquí el proyecto industrial está casi identificado. Med Float, vinculada a Saitec, solicitó formalmente ocupar 24,7 hectáreas en la dársena sur para una planta de plataformas offshore; la solicitud entró en procedimiento de competencia de proyectos y se publicó en el BOE. Los 76,07 millones de inversión industrial que certifica la resolución coinciden prácticamente con la cifra atribuida a esa iniciativa por medios locales. La conexión es sólida, aunque no hemos localizado confirmación formal de que sustente el expediente.
La propuesta gira en torno a la tecnología flotante SATH, de estructuras de hormigón. Las previsiones difundidas por el promotor y el puerto —que no son compromisos certificados por el IDAE— hablan de actividad industrial desde 2028, capacidad inicial de hasta 16 flotadores anuales para turbinas de 15 MW, una segunda fase hacia 2031 con hasta 50 flotadores al año para turbinas de 20 MW, y alrededor de 1.400 empleos directos e indirectos.
Las Palmas: el hub atlántico con un hueco por explicar
El proyecto canario recibe 30 millones sobre un coste subvencionable de 49,63 millones, con 31,04 millones de inversión industrial y 29,34 puntos, la puntuación más baja de las cinco.
La actuación amplía en unos 466 metros el muelle Juan Sebastián Elcano y crea una explanada nueva de aproximadamente seis hectáreas, con un presupuesto en torno a 50 millones. La finalidad declarada incluye construcción, reparación, mantenimiento, transformación y desarrollo de estructuras y artefactos offshore, apoyándose en las capacidades navales y de reparación que el puerto ya tiene.
Quedan dos cuestiones abiertas. Una es aritmética: PORT-EOLMAR exige diez hectáreas de explanada en Canarias y la información pública habla de seis nuevas, lo que sugiere que se computan superficies existentes o anexas, aunque no hemos localizado el detalle. La otra es más de fondo: no aparece identificado en fuentes abiertas el operador industrial que aporta esos 31 millones. Hay otros proyectos de eólica flotante en el archipiélago, pero no existe base para vincularlos a este expediente.
Lo que la resolución certifica y no cuenta
Ahí está el hueco más relevante del programa. El IDAE acredita 470,67 millones de inversión industrial privada, y esa cifra no es una manifestación de interés: forma parte de la arquitectura de condiciones que sostiene la ayuda. Los puertos deberán demostrar después que los concesionarios han realizado esas inversiones, con plazo de justificación de hasta cinco años tras el vencimiento del plazo de ejecución de la obra pública, y las instalaciones quedan atadas diez años a la cadena de valor marina.
Pero la resolución no publica quién pone ese dinero. En Galicia conocemos buena parte de los nombres, aunque falta el desglose actualizado tras el movimiento de Amper. En Castellón todo apunta a Med Float; en Gijón, a Zima y Dajin; en Tarragona y Las Palmas, a nadie en concreto. Son 113 millones de compromiso industrial sin cara pública entre los tres proyectos menos documentados.
Las obras, mientras tanto, tienen un plazo general máximo de 48 meses desde la resolución, y ninguna ampliación puede llevarlas más allá del 31 de diciembre de 2030.
La fábrica antes que el mercado
Queda la pregunta que atraviesa el programa entero: para quién se está construyendo todo esto.
España aprobó en 2024 el Real Decreto 962/2024 para articular el procedimiento competitivo que asignará simultáneamente régimen económico, capacidad de acceso a red y prioridad para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Pero el MITECO abrió la consulta pública sobre las bases de ese primer procedimiento en febrero de 2026 y, en julio, mantenía el objetivo de convocar la primera subasta antes de que termine el año. No hemos localizado publicada la orden ministerial que apruebe esas bases. La hoja de ruta fija entre 1 y 3 GW de eólica marina para 2030; el PNIEC actualizado incorpora 3 GW dentro de los 62 GW eólicos previstos.
Es decir: los muelles llevan ventaja sobre los parques.
Eso no es necesariamente un error de secuencia, y los propios puertos lo han convertido en argumento. A Coruña plantea abiertamente fabricar para el norte de Europa y Francia mientras madura el mercado español. Tarragona alinea su calendario con el Golfo de León. Castellón se presenta como aliado industrial francés. Gijón, con Dajin y Zima, apunta a proyectos europeos e internacionales.
Visto así, PORT-EOLMAR no es una infraestructura para los futuros molinos españoles. Es un intento de capturar parte de la cadena industrial europea offshore aprovechando algo difícil de replicar: hectáreas junto al mar, calados profundos, muelles capaces de soportar piezas de miles de toneladas y una industria metalúrgica y naval que ya está al lado.
La apuesta tiene un riesgo evidente y otro menos visible. El evidente es llegar a 2029 con seis puertos preparados y sin encargos suficientes. El menos visible es el contrario: que los encargos lleguen antes desde fuera y que España acabe fabricando para los parques de otros mientras decide cuándo y cómo desplegar los suyos.
