El Gobierno acaba de presentar (en realidad hace ya unos días) la Estrategia Deep Tech España 2026–2030. Deep tech -tecnologías profundas, las que nacen directamente de la ciencia de frontera y tardan años en madurar pero lo cambian todo cuando lo hacen- recibe más de 8.000 millones de euros en cinco años, con diez áreas prioritarias y trece ministerios implicados. Un documento ambicioso, bien construido, con un diagnóstico que (hay que reconocerlo) no esquiva las verdades incómodas.
Un apunte... Si estás aquí por primera vez y te preguntas por qué un director de un medio de innovación habla de cocina y de ingredientes reales cuando analiza una estrategia del Gobierno, aquí te lo explico. La versión corta: creo que la cocina es la metáfora más honesta que tengo para leer la realidad. Y que distinguir lo que está bien cocinado de lo que es pura presentación es, al final, el trabajo de cualquier periodista que se tome en serio lo que hace.
Dicho esto: vamos al lío.
El problema no está en la despensa. Está en la cocina.
Una de esas verdades incómodas la dijo en voz alta el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cidugosa, a finales de 2025: España produce ciencia a nivel 9 del ranking mundial e innova en el puesto 28. "Es una diferencia tan grande que a veces no lo podemos soportar", llegó a decir. Pocas veces un diagnóstico institucional ha sonado tan duro y tan exacto.
España tiene ingredientes de primera. Investigadores brillantes. Infraestructuras científicas singulares. Una producción científica que se cita un 20% más que la media mundial. Materia prima de calidad extraordinaria. El problema no está en la despensa. Está en la cocina. En que llevamos décadas sin saber (o sin poder) transformar esos ingredientes en un plato que llegue a la mesa.
La brecha entre ciencia e innovación tiene un nombre técnico: transferencia de conocimiento. Y tiene una causa estructural que ninguna estrategia ha conseguido resolver del todo: en España, el sector empresarial es responsable del 56% de la inversión en I+D, frente al 68,4% de media en Europa. Doce puntos de diferencia que se traducen en esto: el tejido empresarial español innova menos de lo que debería, depende demasiado de que el Estado asuma el riesgo, y tiene una relación con la investigación universitaria que oscila entre la indiferencia y el malentendido.
Hay un tema que llevo escuchando desde hace siete años en conversaciones con inversores, emprendedores y centros tecnológicos: los perfiles técnicos que formamos son excelentes, pero nadie les enseña a convertir el research en negocio. Ciencia de primera. Comercialización de segunda. Un soufflé perfecto que se hunde antes de llegar a la mesa.
Y mientras tanto, los vecinos llevan años cocinando a fuego alto. Francia ha invertido 5.000 millones de euros en deep tech desde 2018, y su Plan Francia 2030 destina 54.000 millones a tecnologías de descarbonización y proyectos avanzados. Alemania canaliza mil millones hacia sectores estratégicos como la robótica y la biotecnología. En 2023, España alcanzó una inversión récord de 506 millones de euros en este campo y se quedó octava en Europa. Récord nuestro. Una quinta parte de lo que movió Francia ese mismo año.
No lo digo para instalarnos en el complejo de inferioridad (que también es un vicio nacional) sino para calibrar bien la ambición que hace falta. Porque la estrategia que acaba de presentar el Gobierno es un paso real. Pero un paso real desde bastante atrás.
Lo que hay de verdad en el plato
La pieza más novedosa y concreta de la estrategia es el instrumento Deep Start: 300 millones del CDTI más 53 millones del Fondo Europeo de Inversiones, destinados a fondos de capital riesgo especializados que canalizarán la inversión hacia proyectos de transferencia de tecnología y deep tech. En enero de 2026 ya se seleccionó el primer fondo: 30 millones para tecnologías dirigidas a terapias de enfermedades pediátricas. Materia prima real, no decorativa.
Esto importa porque ataca directamente el agujero negro del sistema: el valle de la muerte entre el prototipo y el producto, entre el laboratorio y el mercado. Ese tramo en el que las empresas deep tech necesitan capital paciente -dinero dispuesto a esperar años sin retorno inmediato- y donde el mercado privado español históricamente ha mirado hacia otro lado.
La ministra Diana Morant lo formuló con una frase que, viniendo de un cargo institucional, suena casi subversiva: se trata de que el Estado sea emprendedor, que arriesgue con sus empresas, que acompañe a la comunidad científica. Me gusta esa frase. Me gusta la idea de un Estado que no solo regula y financia desde lejos, sino que se mete en la cocina y arriesga. El problema, claro, es que los Estados suelen ser cocineros lentos. Y la deep tech no espera.
La arquitectura institucional que propone la estrategia es, sobre el papel, la más coordinada que hemos tenido: trece ministerios, un Comité Interministerial, una Alianza público-privada, un Observatorio Nacional con mapa dinámico del ecosistema y un sello para identificar proyectos de alto potencial. Todo eso está bien. Pero España tiene una tradición ilustre de organismos de coordinación que coordinan la coordinación (menudo trabalenguas) sin que nada cambie demasiado en el terreno. El andamiaje no es el edificio. Lo que diferenciará a esta estrategia de las anteriores no está en el documento, está en lo que ocurra en los próximos veinticuatro meses.
Y ahora me permito el lujo de barrer para casa
Escribo desde Asturias. Llevo siete años cubriendo el ecosistema de innovación e industria de esta región, y me parece imposible leer una estrategia nacional sobre tecnologías del futuro sin preguntarme en voz alta: ¿y nosotros qué?
La respuesta honesta es que Asturias no es, todavía, un polo de deep tech al uso. No tenemos la densidad de spin-offs de Cataluña, ni los fondos de Madrid, ni el tamaño de ecosistema universitario de las grandes ciudades. Pero si miramos las áreas que la estrategia identifica como prioritarias -energías limpias, materiales avanzados, robótica industrial- el encaje no es forzado. Es natural.
El proyecto Asturias H2 Valley plantea transformar la antigua central térmica de carbón de Aboño en una planta de hidrógeno renovable con 150 MW de capacidad de electrólisis. La potencial planta de Ionway en El Musel -594 millones de euros en su primera fase, de Umicore y PowerCo, filial de Volkswagen- sería, si se materializa, una demostración de que los materiales avanzados pueden anclar cadenas de valor europeas en territorios con músculo industrial. Y el trabajo silencioso de centros como CTIC e Idonial, conectando tecnología con industria real sin demasiado ruido, es exactamente la infraestructura invisible que hace posible todo lo demás.
Pero lo que me preocupa no es que Asturias no tenga ingredientes. Es que nos quedemos en receptores pasivos de inversión industrial clásica y no demos el salto a territorio donde también se desarrolla y valida tecnología. Entre fabricar componentes de batería y diseñar los materiales de la próxima generación hay una distancia enorme en valor añadido, en talento retenido, en futuro. Una región que sabe lo que cuesta perder una industria debería saber también lo que vale construir la siguiente antes de que otro lo haga.
La estrategia nacional abre una ventana. No estará abierta indefinidamente. Y Asturias, como siempre, tendrá que decidir si entra o si se queda mirando desde fuera cómo otros cocinan con sus ingredientes.
💡 Sin aditivos se publica cuando hay algo que merece ser dicho más allá del titular.
