AEGE agrupa a 30 compañías industriales, opera 96 plantas productivas en España y consume el 7% de toda la demanda eléctrica peninsular. Cuando ese colectivo habla de competitividad energética, no habla en abstracto: habla de facturas que determinan si una planta sigue abierta o cierra, si una inversión se ejecuta aquí o se va a otro país, si el empleo industrial se mantiene o desaparece.
El mensaje que trasladaron hoy en el Foro Energía AEGE 2026, celebrado en Madrid bajo el lema "La respuesta es más industria", fue directo: la fiscalidad excesiva y los sobrecostes que gravan el precio de la electricidad en España están lastrando la competitividad de la industria electrointensiva en un momento donde Europa se juega su autonomía estratégica.
"La respuesta que puede dar la industria es positiva para el país. Lo es porque fomentamos la autonomía energética y nuestra autonomía estratégica", afirmó Carlos Navalpotro, presidente de AEGE, que advirtió del riesgo de quedarse atrás: "Si otros países toman la delantera en el impulso de la electrificación industrial, nos encontraremos en desventaja, y esto probablemente impida atraer las inversiones que son necesarias."
Medidas anticrisis: han funcionado, pero necesitan continuidad
AEGE reconoció el efecto positivo de las medidas adoptadas por el Gobierno tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, que han permitido mitigar en un 50% la subida de la factura eléctrica de la industria electrointensiva. Pero insistió en que esas medidas necesitan continuidad. Sin ellas, el coste eléctrico volvería a niveles que hacen inviable la operación de muchas plantas.
El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, clausuró el foro con un mensaje de compromiso: "Los Ministerios de Energía e Industria trabajamos para trasladar al mercado seguridad, confianza y buenas condiciones para el sector." AEGE confía en que el paquete anticrisis de la próxima semana recoja las peticiones que han trasladado los consumidores electrointensivos.
Política energética y política industrial: ya son la misma
La mesa redonda central del foro dejó una de las frases más contundentes de la jornada. Esther Alonso, directora general de Transición Energética de Atlantic Copper, lo formuló sin rodeos: "La política energética y la política industrial ya son la misma política: asegurar electricidad competitiva es la base real de la autonomía estratégica europea."
Fernando de Juan, de Axpo, aportó datos concretos sobre lo que ya se está haciendo: "Nuestros clientes industriales ya están reduciendo hasta un 20-30% de su factura eléctrica simplemente activando recursos que hoy tienen infrautilizados." La flexibilidad de la demanda como activo infrautilizado del sistema eléctrico fue una de las ideas más prácticas de la jornada.
Alberto Fuentes, director general de Operaciones de Ferroglobe, amplió el foco a la dimensión global: "La implementación de medidas eficaces de protección para la industria europea ya no es una opción, sino una necesidad estratégica. Debemos actuar frente a la competencia desleal para proteger nuestras capacidades productivas."
Más industria en los territorios: Andalucía y Asturias como casos
El foro dedicó una sesión específica al desarrollo industrial territorial. Manuel Larrasa, secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, defendió que el sol y el viento dan a España una ventaja competitiva para producir energía más barata que el resto de Europa, pero que esa ventaja solo se materializará con desarrollo de red que permita consumir cerca de donde se genera. "Podemos exportar energía, pero lo más importante para Andalucía es importar industria sostenible", reclamó.
Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, centró su intervención en el papel de la planificación eléctrica hasta 2030 y en el cierre del anillo central de 400 kV como infraestructura determinante para integrar renovables y facilitar nuevas inversiones en hidrógeno verde, siderurgia descarbonizada y centros de datos. "La red eléctrica se consolida como un elemento estratégico para la competitividad y el futuro industrial sostenible de la región", afirmó.
Baterías: regulación pendiente y oportunidades reales
El almacenamiento energético ocupó uno de los bloques más técnicos del foro. Luis Manuel Santos, presidente de Batteryplat, reclamó un reglamento específico sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad para instalaciones de baterías de iones de litio, señalando que el artículo 12 del Reglamento europeo 1542/23 genera ambigüedad al no especificar las normas concretas de obligado cumplimiento.
Javier de la Fuente, de Statkraft, defendió que las baterías permiten optimizar el valor de los contratos solares ajustando su perfil a la demanda real de los clientes industriales. Y Eloisa Allona, de Zelestra, subrayó que los PPAs híbridos con almacenamiento están redefiniendo la forma en que la industria accede a energía renovable más flexible y predecible.
El acceso a la red: la barrera que frena la electrificación
Marta Castro, directora general de Regulación de Aelēc, lo sintetizó con claridad: "España no se juega únicamente más megavatios de red; se juega su competitividad industrial. La operación reforzada no puede convertirse en un peaje a la electrificación ni en una barrera para nuevos proyectos industriales." Joaquín Coronado, presidente de Build to Zero, coincidió: "El problema de la electrificación de la industria es de acceso a la red y de precio de la electricidad", y defendió las conexiones flexibles como solución a corto plazo.
Un estudio del IIT Comillas, presentado por el investigador José Pablo Chaves, reforzó el diagnóstico: la asignación actual de los costes de los servicios de ajuste en España tiene un impacto negativo directo en la competitividad industrial y debe alinearse con las nuevas directrices europeas.
El consenso: energía asequible o desindustrialización
El foro concluyó con un mensaje que no admite muchas interpretaciones: sin energía competitiva, la reindustrialización de España es una aspiración sin base económica. La industria electrointensiva no pide subsidios eternos ni protección artificial. Pide que los sobrecostes regulatorios y fiscales que gravan la electricidad se reduzcan hasta niveles que permitan competir con plantas que operan bajo marcos energéticos más favorables en otros países. Y pide que las infraestructuras de red se desarrollen al ritmo que necesita la electrificación, no al ritmo que permite la burocracia.
Treinta empresas. Noventa y seis plantas. El 7% de la electricidad del país. Ese es el tamaño del problema. Y de la oportunidad.
