La electrificación del automóvil en España ha vivido, hasta ahora, más de parches que de estrategia. Programas de ayudas que se agotan o se retrasan, puntos de recarga que aparecen a saltos según el código postal y familias que miran de reojo al eléctrico como algo tan deseable como inalcanzable.
Mientras tanto, la industria del motor sigue siendo uno de los grandes pilares económicos del país: cerca del 10% del PIB y casi dos millones de empleos directos e indirectos, con España como segundo fabricante de vehículos de Europa.
La cuestión ya no es si habrá coche eléctrico, sino quién podrá permitírselo y si el tejido industrial español saldrá reforzado o debilitado de esta transición. Ahí es donde el Gobierno intenta pasar del esquema Moves -programas sucesivos, gestión autonómica, resultados desiguales- a algo más parecido a una hoja de ruta estable.
En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan España Auto 2030, un paquete de medidas que se define como fruto de la colaboración público-privada. Su objetivo declarado: apoyar tanto la oferta como la demanda, impulsar un “coche eléctrico, que sea español y económico” y que el país llegue al final de la década “con los deberes hechos”. El plan se articula en tres grandes ejes: precio, infraestructura e industria.
Precio: que la electrificación llegue a la clase media
El primer eje entra de lleno en el bolsillo de los hogares. Sánchez admite que tener coche ya no es un símbolo de clase, pero comprarse uno eléctrico sigue siendo, para muchas familias, una inversión inicial elevada, aunque a la larga pueda compensar en combustible, mantenimiento y calidad del aire.
Para intentar cerrar esa brecha, el Gobierno lanza Plan Auto+, una nueva línea de ayudas directas a la compra de vehículos electrificados dotada con 400 millones de euros en 2026, tras haber movilizado ya 1.700 millones a través del Plan Moves. La diferencia importante es quién gestiona: esta vez será directamente la Administración central, no las comunidades autónomas, con la promesa de “mayor velocidad y homogeneidad” en la tramitación y en los pagos.
Como referencia, Sánchez señala el Plan Reinicia Auto+ aplicado tras la DANA en la Comunidad Valenciana, donde, según sus datos, el 95% de las solicitudes se habría cobrado al cumplirse un año. La intención es replicar ese modelo de gestión más ágil en una política que aquí ya no responde a una emergencia puntual, sino a un cambio estructural del mercado.
Recarga: coser las “zonas sombra” de la red de puntos
La segunda prioridad del plan es la infraestructura, el otro gran cuello de botella. El presidente reconoce que “falta infraestructura y sobra burocracia”, y que ese cóctel alimenta tanto la ansiedad por la autonomía como el escepticismo frente al eléctrico.
Para afrontarlo, el Gobierno anuncia un nuevo Moves Corredores, dotado con 300 millones de euros, destinado a desplegar puntos de recarga en las denominadas “zonas sombra”: tramos de carretera donde hoy no hay enchufes suficientes, o directamente no hay ninguno.
Junto a esto, se promete una reducción drástica de licencias y permisos necesarios para instalar puntos y se ha puesto en marcha una web única para consultar la red de recarga.
Según las cifras presentadas, este conjunto de medidas ha contribuido ya a que el mapa de recarga pública de más de 43 kW haya crecido más de un 50%, superando los 40.000 puntos. En total, se han destinado más de 600 millones de euros al despliegue de recarga a través de Moves III, Moves Flotas y Moves Singulares, subvencionando la compra de más de 170.000 vehículos electrificados y más de 140.000 puntos públicos y privados.
Aun así, el propio Sánchez insiste en que la batalla no es solo presupuestaria, sino también comunicativa. Pide que “todas las administraciones apuesten por esta gran transformación” y carga contra “los traficantes de bulos sobre el coche eléctrico”, a quienes acusa de propagar “mentiras y alarmas infundadas” para generar desconfianza entre los consumidores.
Industria: del “made in Spain” al “made by Spain”
El tercer eje mira más a las cadenas de montaje que a los concesionarios. El mensaje es claro: si antes se hablaba de coches “made in Spain”, ahora el objetivo es avanzar hacia vehículos “made by Spain”, vinculando el país no solo a la fabricación, sino al diseño, la innovación y el control tecnológico de la cadena de valor.
Para ello, el Ejecutivo anuncia 580 millones adicionales para el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) en 2026, que se suman a los más de 3.000 millones concedidos en los últimos años. Con estos recursos se pretende consolidar proyectos como la transformación de plantas de producción y la construcción de nuevas gigafactorías en Sagunto (Valencia), Figueruelas (Zaragoza) o Navalmoral de la Mata (Cáceres), así como reforzar el papel de las pymes proveedoras de componentes.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, enmarca este esfuerzo en una década que define como la de la “electrificación” de la economía y el transporte, y advierte de que las decisiones de estos años serán “fundamentales para el bienestar de las futuras generaciones”. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, presenta el plan como una “gran oportunidad” para avanzar en sostenibilidad, reindustrialización y autonomía estratégica.
Escenarios de futuro: ¿plan de país o enésimo plan parcial?
¿Qué puede pasar ahora que España Auto 2030 está sobre la mesa? Al menos tres pruebas van a marcar su credibilidad real:
-
Ejecución de las ayudas: el salto del Moves gestionado por comunidades a un Plan Auto+ centralizado busca ganar rapidez. Si los plazos de cobro no mejoran claramente, el desgaste será doble: económico y político.
-
Despliegue efectivo de la infraestructura: los 300 millones del Moves Corredores y la simplificación de permisos sólo se validarán cuando las “zonas sombra” desaparezcan de la experiencia cotidiana del conductor. La web única de puntos funcionará como espejo incómodo si la red es insuficiente o poco fiable.
-
Anclaje industrial en el territorio: los 580 millones adicionales del PERTE VEC, sumados a los más de 3.000 millones ya concedidos, deberán traducirse en plantas modernizadas, empleo estable y proyectos de largo recorrido en las comunidades implicadas, no solo en anuncios y primeras piedras.
España Auto 2030 aspira a cerrar una etapa de programas dispersos y dar forma a un “plan de país” para la era del coche eléctrico. Si la ejecución acompaña, puede ayudar a que la electrificación deje de ser patrimonio de una minoría y refuerce la posición industrial del país. Si no, acabará engrosando la larga lista de estrategias con buen título que, al cabo de los años, apenas se recuerdan más allá del dossier de prensa.
