La ley que regula la industria española data de 1992. En ese año, internet no existía para el gran público, la transición energética era un concepto académico y la inteligencia artificial era ciencia ficción. Treinta y tres años después, esa misma norma sigue siendo el marco legislativo de referencia para el sector industrial español. Ahora, algunas de las principales organizaciones industriales y los grandes sindicatos del país han dicho que ya es suficiente.
En un acto celebrado en Madrid, AMETIC, AseBio, Farmaindustria, FEIQUE, TEDAE, el Foro de Empresas Innovadoras, CCOO y UGT han presentado conjuntamente la Declaración para el impulso de una Ley de Industria y el desarrollo de una política industrial efectiva ante los retos globales, un texto que reclama con urgencia un nuevo marco legislativo capaz de responder a las transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas que la norma vigente no puede ni contemplar.
La declaración tiene un valor simbólico que va más allá de su contenido: reunir a patronales y sindicatos bajo un mismo texto, en un momento de alta crispación política, es en sí mismo una señal de que la demanda trasciende las posiciones habituales. "El momento de avanzar es ahora", concluye el documento.
Una ley de otro siglo
La Ley 21/1992, aprobada el 16 de julio de hace más de tres décadas, fue en su momento un instrumento razonablemente moderno. Regulaba la instalación y ampliación de industrias, establecía criterios de seguridad industrial y coordinaba las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia industrial. Era una ley para una industria analógica, centralizada y relativamente predecible.
El mundo que describe esa norma ha desaparecido. Las cadenas de suministro globales, la electrificación masiva de la industria, la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos productivos, la necesidad de reducir emisiones a ritmo acelerado, la dependencia de minerales críticos controlados por terceros países y la competencia de economías con marcos regulatorios mucho más ágiles han convertido aquella ley en un documento que, como señala la propia Cámara de Comercio de España, "adolece de las necesidades propias de los cambios habidos en el contexto institucional".
El Gobierno dio un primer paso en diciembre de 2024, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que establece nuevos instrumentos de política industrial, crea el Consejo Estatal de Política Industrial y la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción. Pero ese proyecto aún no ha culminado su tramitación parlamentaria. Y mientras tanto, la industria opera sin el marco que necesita.
Qué piden las organizaciones firmantes
La declaración no es un documento de mínimos. Articula una agenda industrial concreta con varios ejes prioritarios.
El primero es la competitividad y la autonomía estratégica: el texto reclama un marco legislativo que refuerce la capacidad de España para producir bienes y servicios estratégicos sin depender estructuralmente de terceros, una lección que la pandemia y la crisis energética de 2022 grabaron a fuego en la agenda europea.
El segundo es la transición digital y tecnológica: las firmantes piden acelerar la incorporación de tecnologías avanzadas —inteligencia artificial, digitalización de procesos, nuevas metodologías de fabricación— al tejido industrial, con instrumentos de apoyo específicos para pymes, startups y scaleups que no cuentan con los recursos de las grandes corporaciones.
El tercero es la descarbonización: la ley debe alinear la actividad industrial con los objetivos climáticos europeos sin comprometer la competitividad de sectores intensivos en energía, que necesitan apoyo para financiar su transición sin quedar en desventaja frente a competidores de países con regulaciones menos exigentes.
A ello se suma una demanda transversal: más inversión en I+D, mejor entorno regulatorio, impulso al talento y la cultura industrial —con especial énfasis en la formación STEM—, y mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan adaptar las políticas industriales a un entorno que cambia más rápido que cualquier legislatura.
Una industria que pesa, pero que podría pesar más
El contexto no es de crisis sino de oportunidad desaprovechada. España tiene un tejido industrial relevante: sectores como el aeroespacial, la biotecnología, la química, la defensa o las tecnologías de la información tienen posicionamiento internacional y capacidad de crecimiento. Pero la industria española representa en torno al 15% del PIB, por debajo de la media europea y muy lejos del 20% que fija como objetivo la estrategia industrial de la UE.
La brecha en inversión en I+D es igualmente significativa: España invierte el 1,49% de su PIB en investigación y desarrollo, frente al 2,2% de media en la Unión Europea. Sin un marco legislativo que incentive esa inversión y que reduzca la incertidumbre regulatoria para proyectos industriales de largo plazo, cerrar esa brecha será difícil.
Las organizaciones firmantes lo saben. Y por eso han decidido ir juntas, con una declaración que no distingue entre patronal y sindicatos, entre tecnológicas y químicas, entre industria de defensa y biotecnología. El mensaje es uno solo: España necesita una política industrial moderna. Y la necesita ya.
