El Gobierno de Asturias elaborará un proyecto de digitalización para la comunidad autónoma que se incluirá en el mapa de estrategias con el que el Principado optará a los fondos europeos de reconstrucción, concebidos para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia, iniciar la recuperación y crear empleo.
Así lo ha anunciado hoy Juan Cofiño, vicepresidente del Gobierno y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, en la comisión de estudio de la gestión de la crisis provocada por la covid-19 de la Junta General. Durante su comparecencia, ha señalado que, sin perjuicio de otras líneas de trabajo estratégicas, "la digitalización de la Administración y del conjunto de la sociedad asturiana constituye un compromiso firme; concita la práctica unanimidad de los agentes sociales y económicos y se alinea con el espíritu y el propósito de los fondos de reconstrucción".
Esta iniciativa se suma a otro proyecto fundamental del Gobierno de Asturias para los próximos años: llevar la conectividad por banda ancha al 97% de la población, tanto en la zona urbana como en el medio rural, con una inversión de 12,5 millones que facilitará la llegada de la fibra óptica a 42.831 hogares y empresas.
Por otra parte, Cofiño también ha indicado que actualmente se trabaja en la creación de dos instrumentos de participación y coordinación entre la Administración y el sector privado: un comité de asesoramiento integrado por el Gobierno de Asturias y la sociedad civil y una oficina de asuntos europeos, para conseguie alcanzar "el máximo nivel de acuerdos para optimizar los fondos".
El consejero ha detallado su cometido, tanto en la gestión de su departamento durante la pandemia como en la coordinación de las medidas organizativas del Gobierno, "que permitieron dar una respuesta razonable a las necesidades de la ciudadanía dentro de las restricciones impuestas por el estado de alarma e iniciar, a partir de la desescalada, la reactivación de la vida social y económica". "Hemos afrontado el estado de alarma de forma muy ponderada y prudente, con el propósito de prevención y anticipación para intentar salvar el mayor número de vidas posible", ha apostillado.
En cuanto al teletrabajo, el vicepresidente ha destacado que durante la pandemia ha adquirido "un protagonismo desconocido como opción viable de prestación de servicios públicos". A su juicio, se ha llevado a cabo "una razonable producción administrativa, a la que contribuyó el rápido despliegue de soluciones y equipos informáticos que ejecutó la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital". En total, 571 funcionarios se acogieron a esta modalidad de trabajo en los dos supuestos establecidos: razones de conciliación familiar y personas con factores de riesgo para la salud.
La ausencia de una regulación legal básica en cuanto al teletrabajo en la Administración autonómica "quedará superada en un plazo aproximado de seis meses, una vez que el Congreso de los Diputados reforme la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público", ha añadido el consejero. En este sentido, ha avanzado que en las próximas semanas se iniciará la negociación con los sindicatos para proceder a su regulación específica "con la finalidad de fijar unas bases comunes que aporten seguridad jurídica a esta prestación, que tendrá carácter voluntario y reversible".
También ha insistido en que el Gobierno de Asturias "ha estado plenamente operativo desde el inicio de la pandemia". Ha detallado que se han celebrado 35 reuniones telemáticas y presenciales del Consejo de Gobierno, con 620 asuntos examinados y aprobados, mientras que los miembros del Ejecutivo han atendido sus obligaciones con el Parlamento, con su presencia en nueve plenos, 39 comisiones y 31 sesiones del grupo de trabajo especial del coronavirus.
"El Principado ha estado a la altura de las necesidades de la ciudadanía", ha valorado, al tiempo que y ha puesto como ejemplos la gestión de ERTE a más de 12.700 empresas, con unos 54.000 trabajadores afectados; la resolución de miles de solicitudes de ayudas a los sectores del comercio y la cultura o la aclaración personalizada de unas 2.500 dudas en las distintas fases de la desescalada a través de diferentes canales de información.
Además se ha referido a las medidas específicas puestas en marcha por la Dirección General de Igualdad para evitar situaciones de riesgo. "Se elaboraron protocolos estrictos para la protección frente al virus en colaboración con Salud, se reforzó la red asistencial manteniendo la continuidad de los servicios e incorporando tecnologías disponibles, se impulsaron campañas de información en redes y se abrió una nueva casa de acogida y dos pisos adicionales para mujeres relacionadas con prostitución o víctimas de trata", ha explicado.
