España cuenta con una cantera de empresas capaces de competir. Compañías como Fossa Systems, que fabrica satélites de inteligencia electromagnética; Alias Robotics, especializada en ciberdefensa para sistemas no tripulados; o Kreios Space, que desarrolla propulsión para satélites en órbitas muy bajas, han sido seleccionadas este año por el programa de innovación en defensa de la OTAN.
Son la prueba de que existe una cantera tecnológica nacional capaz de competir en la primera línea. La pregunta, ahora que Bruselas prepara una vía rápida para incorporar precisamente ese tipo de empresas a la industria de defensa, es otra: ¿tiene España el sistema necesario para aprovecharla?
Esa es la cuestión que abre el nuevo programa europeo AGILE (Agile and Rapid Defence Innovation). El 15 de julio de 2026, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional para crearlo: un instrumento de 115 millones de euros diseñado para dar apoyo financiero rápido y específico a pequeñas y medianas empresas -incluidas startups y scaleups- que desarrollen tecnologías de defensa emergentes y disruptivas.
La idea de fondo, en palabras del propio Consejo, es que las pymes son los motores de las disrupciones tecnológicas en defensa, pero necesitan ayuda para dar el salto del prototipo a la capacidad operativa.
El asunto, sin embargo, va más allá de la cifra. Lo verdaderamente relevante de AGILE es lo que revela: que la Unión Europea admite que sus mecanismos tradicionales de financiación, validación y contratación no funcionan con la rapidez que exigen ciertas tecnologías. En un contexto de rearme europeo y de reordenación de las cadenas industriales de defensa, Bruselas busca una fórmula para acortar la enorme distancia que separa una tecnología prometedora de una capacidad militar realmente utilizable. AGILE es, en el fondo, un experimento para comprobar si eso es posible.
Qué es lo que cambia con AGILE
El programa introduce varios elementos pensados para romper los cuellos de botella que hoy frenan a las empresas pequeñas. El más llamativo es la velocidad: AGILE fija un objetivo de cuatro meses desde el cierre de la convocatoria hasta la concesión de la ayuda, un plazo insólito en el mundo de la contratación de defensa, donde los procedimientos suelen medirse en años. Conviene precisar, eso sí, que ese plazo es un objetivo de concesión, no necesariamente de cobro.
A esa agilidad se suman otras palancas. El programa prevé acceso acelerado a instalaciones de prueba y experimentación, uno de los obstáculos más caros e insalvables para una empresa pequeña. Contempla mecanismos de matchmaking para conectar a las pymes con los grandes contratistas de defensa, los llamados primes, que son quienes pueden integrar una tecnología en un sistema completo. Y busca simplificar la contratación posterior de los productos que apoye. La propuesta permite además financiar hasta el 100% de los costes elegibles y apoyar proyectos presentados por una sola empresa, algo poco habitual en los programas europeos, que suelen exigir consorcios.
La propuesta inicial sitúa el foco en tecnologías relativamente maduras, con potencial de llegar al usuario militar en un plazo de uno a tres años, y admite expresamente la adaptación a defensa de tecnologías nacidas en el mundo civil. Es decir, no se dirige solo a empresas que nacieron como contratistas militares, sino también a compañías civiles con tecnologías duales dispuestas a dar el paso.
Qué empresas españolas podrían competir
El universo de posibles candidatas españolas es amplio, pero no ilimitado. Podrán competir principalmente pymes -incluidas startups y scaleups que aún cumplan la definición europea de pyme: menos de 250 trabajadores y hasta 50 millones de euros de facturación- con tecnologías suficientemente maduras para resolver una necesidad concreta de defensa. Aquí aparece un primer matiz de elegibilidad que muchas empresas pasan por alto: para calcular ese tamaño se computan también las sociedades vinculadas, de modo que una compañía que individualmente parezca una pyme puede dejar de serlo si pertenece a un grupo mayor.
Los perfiles mejor posicionados coinciden con áreas donde España tiene capacidades contrastadas: drones y sistemas autónomos, tecnologías antidrones, inteligencia artificial, ciberseguridad, comunicaciones seguras, guerra electrónica, sensores, navegación en entornos sin GPS, observación por satélite, vigilancia espacial, robótica, computación cuántica, nuevos materiales, fabricación aditiva o energía desplegable, entre otras. Es un abanico que interpela a buena parte del ecosistema industrial y deeptech nacional.
Pero no bastará con ser una empresa tecnológica ni con etiquetar un producto como "dual". La compañía tendrá que demostrar que su solución responde al reto concreto de la convocatoria, que puede validarse o desplegarse con rapidez y que cumple los requisitos de seguridad, propiedad, control y capacidad industrial. AGILE puede interesar a una parte amplia del ecosistema, pero no será una convocatoria generalista para cualquier startup con una buena idea.
Y ahora la pregunta... ¿Está preparado el ecosistema español?
La base industrial existe, y es considerable. El informe de 2024 sobre la industria de defensa contabiliza 604 empresas inscritas y con sus datos actualizados: 407 declararon ventas relacionadas con defensa y otras 197 solo ventas civiles, aunque el Ministerio ya las considera suministradoras potenciales. Ese último dato es interesante, porque son precisamente las empresas civiles a las que AGILE podría abrir una puerta de entrada al sector.
La cantera tecnológica también está acreditada más allá de las fronteras. Además de Fossa, Alias Robotics y Kreios Space, las empresas españolas seleccionadas para la cohorte de 2026 del programa DIANA de la OTAN -el acelerador de innovación de la Alianza- incluyen a VIG-SEC Drone (gestión segura del espacio aéreo), XRF (fusión de datos para conciencia situacional) y ATOM H2 (sistemas energéticos híbridos y desplegables). Son capacidades reales en autonomía, ciberseguridad, espacio, inteligencia y energía.
El problema, si es que lo hay, no está tanto en la generación de ideas como en el tramo siguiente: el que va del prototipo prometedor al producto probado, certificado, integrado y contratado.
Una startup puede tener una tecnología excelente y no estar preparada para AGILE porque no ha ensayado su producto en un entorno relevante, desconoce los requisitos operativos de las Fuerzas Armadas, carece de certificaciones o habilitaciones de seguridad, no puede fabricar las primeras unidades, depende de componentes extracomunitarios o tiene una estructura societaria que genera dudas de elegibilidad. España tiene la cantera; AGILE servirá para comprobar cuántas de esas empresas están de verdad listas para pasar del laboratorio al uso operativo.
Las instalaciones: España no parte de cero
Uno de los mayores obstáculos para una empresa pequeña es probar su tecnología. Ensayar drones, sensores, sistemas navales o software crítico exige instalaciones, permisos y equipamiento que resultan prohibitivos para una startup. Que AGILE facilite el acceso a estos centros es, por eso, uno de sus elementos más valiosos. Y aquí España tiene una carta relevante que jugar, porque dispone de infraestructuras de ensayo de primer nivel, varias ya integradas en redes internacionales de la OTAN y de la Agencia Europea de Defensa.
Entre ellas destaca el complejo CEUS-CEDEA del INTA, en Huelva, una de las principales infraestructuras españolas para el ensayo de sistemas aéreos no tripulados, con una pista de dos kilómetros y espacio aéreo segregado.
A él se suman el CLAEX del Ejército del Aire y del Espacio, para pruebas de vuelo y experimentación operativa; el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), del INTA, para plataformas navales y vehículos submarinos; y una red de instalaciones digitales -de comunicaciones seguras, ciberseguridad, 5G o inteligencia artificial- que incluye centros de Telefónica Tech en varias ciudades y capacidades cuánticas de la Universidad Politécnica de Madrid, como la infraestructura MadQCI. Varios de estos centros ya forman parte de la red de pruebas de DIANA. La incógnita no es si España tiene instalaciones, sino si AGILE permitirá a las pequeñas empresas acceder a ellas de forma rápida, asequible y coordinada.
El papel de los grandes contratistas
Entre la tecnología de una startup y un sistema militar completo suele hacer falta un puente, y ese papel lo desempeñan los grandes contratistas. AGILE contempla expresamente mecanismos para conectar a las pymes con esos primes, que pueden traducir una necesidad militar en especificaciones técnicas, integrar un componente en una plataforma mayor, ayudar con las certificaciones, convertir un prototipo en un producto industrializable o actuar como primer cliente.
En España ya hay precedentes de esa colaboración. Indra ha utilizado su FCAS Challenge para involucrar a startups y pymes en tecnologías disruptivas, e incorporó a la empresa española IDBOTIC al programa NGWS/FCAS para trabajar en cifrado y autenticación de hardware. Navantia ha creado Monodon, una célula de innovación abierta para experimentar con tecnologías disruptivas. Y Airbus emplea programas como Airbus UpNext para probar rápidamente nuevos conceptos antes de llevarlos a programas industriales mayores.
Ahora bien, la relación con los grandes grupos es una oportunidad, no una garantía. También entraña riesgos para una startup: dependencia de un único cliente, cesión excesiva de propiedad intelectual, cláusulas de exclusividad, plazos de homologación y pago difíciles de sostener, o el riesgo de que el propio contratista acabe desarrollando internamente una tecnología similar. La colaboración con los primes es probablemente imprescindible para escalar, pero conviene abordarla con las cautelas de quien negocia desde una posición más débil.
La letra pequeña
Un análisis sobre AGILE obliga a leer la letra pequeña, porque hay varios matices que la comunicación institucional tiende a difuminar. El primero: los 115 millones no constituyen una ampliación adicional del presupuesto europeo, sino que proceden de reasignaciones de cuatro programas ya existentes -el European Defence Industry Programme, el Fondo Europeo de Defensa, el Programa Espacial de la Unión y el de conectividad segura-. El titular puede hablar de un programa de 115 millones, pero se trata de una redistribución de recursos ya previstos.
El segundo matiz es que AGILE nace como programa piloto, vinculado inicialmente a 2027. La previsión inicial de la Comisión es financiar entre veinte y treinta proyectos, pero el objetivo de fondo va más allá: comprobar si unos procedimientos más rápidos, flexibles y tolerantes al riesgo funcionan, para después diseñar instrumentos mayores en el siguiente marco financiero europeo. AGILE es pequeño en presupuesto, pero puede ser importante como laboratorio de una nueva política industrial de defensa. De hecho, encaja en la misma lógica que han empezado a explorar las administraciones españolas para tejer industria de defensa, como la apuesta de Galicia por usar la compra pública precomercial para atraer y desarrollar tecnologías duales.
El tercero afecta al control y la propiedad. Con carácter general, la empresa conservará la propiedad de los resultados, y AGILE no parece diseñado para apropiarse de las patentes de las startups. Pero tampoco financiará tecnologías que después puedan quedar libremente bajo control de actores de fuera de la Unión: durante los tres años posteriores al pago, transferir la propiedad o conceder una licencia exclusiva a un país no asociado deberá notificarse y aprobarse.
Y las startups con inversores internacionales tendrán que hilar fino: tener capital extranjero no excluye del programa, pero sí puede hacerlo que una entidad de un país no asociado tenga capacidad de ejercer una influencia decisiva sobre la compañía, ya sea por derechos de voto, vetos estratégicos o control de la propiedad intelectual. No bastará con mirar el porcentaje de capital; habrá que analizar quién controla de verdad las decisiones.
Por último, conviene ser claro sobre el estado del programa, para no generar falsas expectativas. El acuerdo del 15 de julio es provisional. Debe ser aprobado formalmente por el Consejo y el Parlamento, pasar la revisión jurídico-lingüística y publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. A día de hoy no existe convocatoria abierta, no se conocen los primeros retos tecnológicos que se financiarán, no hay bases definitivas ni asignación reservada para España. El programa está previsto que sea operativo a partir de principios de 2027. Las empresas, por tanto, todavía no pueden solicitar nada: pueden, eso sí, empezar a prepararse.
La verdadera prueba
España dispone de acompañamiento institucional para estos programas, aunque todavía no ha anunciado un dispositivo específico para AGILE. El precedente más claro es el del Fondo Europeo de Defensa: en mayo de 2026, la DIGEID organizó en ISDEFE unas jornadas para evaluar propuestas españolas, con participación de la DGAM, el Estado Mayor Conjunto, los Ejércitos y la Armada, y se recibieron más de veinte solicitudes de respaldo nacional.
A ello se suman instrumentos del CDTI dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. El ecosistema de apoyo existe, pero tendrá que adaptarse a la velocidad de AGILE: si las convocatorias se publican con plazos breves, la preparación anticipada será determinante, y ahí la capacidad de reacción del sistema español marcará la diferencia.
Porque esa es, al final, la verdadera prueba. El éxito de AGILE no debería medirse solo por cuántos proyectos españoles consigan la ayuda, sino por cuántas tecnologías terminen probándose, certificándose, integrándose en plataformas, produciéndose y comprándose. Una subvención puede producir un prototipo; convertirlo en una capacidad militar real y en un contrato estable es un camino mucho más largo, en el que intervienen la Administración, los centros de pruebas, los grandes contratistas y las propias Fuerzas Armadas. AGILE pondrá a prueba a las startups españolas, sí.
Pero, sobre todo, pondrá a prueba la capacidad del sistema industrial y administrativo español para absorber su innovación y transformarla en algo que llegue, de verdad, a quien tiene que usarla. España tiene las empresas y tiene las instalaciones. Lo que aún debe demostrar es que sabe unir los puntos.
