España quiere ordenar el crecimiento de los centros de datos antes de que su demanda eléctrica termine compitiendo por la red con la electrificación de la industria, el transporte y otros nuevos consumos. Y las cifras ayudan a entender por qué.
En los últimos años, el gestor de la red de transporte ha concedido a estas infraestructuras más de 6 GW de capacidad de acceso, a los que se suman alrededor de otros 6 GW en las redes de distribución. Son aproximadamente 12 GW frente a una previsión bastante menor de despliegue real: la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 estima para 2030 unos 2,5 GW de potencia de computación, equivalentes a una demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 GW.
Esa diferencia está en el origen del proyecto de Real Decreto que el Gobierno ha sometido a audiencia e información pública. La propuesta busca que obtener capacidad eléctrica deje de depender únicamente de la disponibilidad técnica de la red: los nuevos centros de datos deberán acreditar también cómo consumen energía, de dónde procede, cuánta agua utilizan y determinadas condiciones vinculadas a la soberanía digital.
El documento lo plantea en términos explícitos. La red eléctrica es un recurso limitado y el desarrollo de estas infraestructuras no debería comprometer la capacidad necesaria para otros procesos de electrificación. El análisis de impacto advierte de que, mientras no exista este marco, la asignación de capacidad a centros de datos puede detraer recursos de red necesarios para usos industriales, de transporte o residenciales.
El umbral: centros de datos a partir de 1 MW
El nuevo régimen se aplicaría, con carácter general, a centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. A partir de ese umbral, el otorgamiento y mantenimiento de los permisos de acceso y conexión quedaría ligado al cumplimiento de requisitos de resiliencia y soberanía digital, eficiencia energética e hídrica y utilización de energía renovable.
El Gobierno justifica ese límite porque considera que es a partir de esa potencia cuando la demanda comienza a tener una incidencia apreciable sobre la capacidad disponible de la red y sobre los recursos hídricos y territoriales. Las instalaciones destinadas exclusivamente a defensa, protección civil y seguridad pública quedarían excluidas.
La medida no afecta únicamente a proyectos futuros. Las solicitudes de acceso que continúen pendientes cuando entre en vigor la norma quedarían sometidas también a los nuevos requisitos y dispondrían de tres meses para acreditarlos. Los proyectos que ya cuenten con permiso pero todavía no se hayan conectado a la red tendrían seis meses; pasado ese plazo, el permiso podría caducar.
El 80% renovable no será simplemente un balance anual
Uno de los cambios más relevantes está en cómo se acreditará el consumo renovable.
Mientras la cuota media de generación renovable del sistema eléctrico español no supere el 90%, el proyecto establece que los centros de datos afectados deberán cubrir al menos el 80% de su consumo total mediante autoconsumo o contratos de compra de electricidad renovable a plazo.
Pero no bastará necesariamente con contratar electricidad renovable existente.
La propuesta incorpora dos conceptos que hasta ahora aparecían sobre todo en la regulación del hidrógeno renovable: adicionalidad y correlación horaria. La generación que respalde el consumo deberá proceder de instalaciones renovables nuevas —con las condiciones temporales establecidas por la norma— y, además, al menos el 80% de la electricidad consumida en cada hora deberá estar respaldada por una cantidad equivalente de energía renovable generada durante esa misma hora.
El cambio es relevante frente al modelo habitual de cobertura anual. Un centro de datos podría cerrar un ejercicio habiendo comprado tanta electricidad renovable como ha consumido y, sin embargo, necesitar generación fósil durante determinadas horas. El Gobierno pretende aproximar ambas curvas: la del consumo del centro de datos y la de la producción renovable que lo respalda.
Energía y agua: PUE 1,15 y WUE 0,1
La regulación también introduce condiciones sobre eficiencia.
Los centros afectados deberán alcanzar la clase A de la futura etiqueta europea para centros de datos. Hasta que ese sistema sea aplicable, previsiblemente en agosto de 2027, el proyecto fija como referencia transitoria un PUE máximo de 1,15 y un WUE máximo de 0,1.
El PUE mide la relación entre toda la electricidad que necesita una instalación y la que termina alimentando realmente los equipos informáticos. Cuanto más se aproxima a 1, menor es el consumo añadido por refrigeración, ventilación y otros servicios auxiliares.
El WUE, por su parte, introduce en la ecuación el uso del agua, uno de los aspectos que está ganando peso a medida que crece el tamaño de estas infraestructuras.
De la sostenibilidad voluntaria al permiso eléctrico
La diferencia respecto a buena parte del discurso desarrollado hasta ahora alrededor de los centros de datos está en las consecuencias.
El proyecto contempla recargos sobre los peajes de acceso y los cargos del sistema eléctrico cuando se incumplan los requisitos de cobertura renovable o correlación horaria. Dependiendo del grado de incumplimiento, las penalizaciones previstas pueden escalar significativamente y, en los supuestos más graves y reiterados, derivar incluso en la pérdida de los permisos de acceso y conexión.
La sostenibilidad energética dejaría así de funcionar únicamente como argumento para atraer inversión, obtener financiación o mejorar el posicionamiento ambiental de un proyecto. Pasaría a formar parte de las condiciones que determinan su capacidad para conectarse y permanecer conectado a la red.
Móra la Nova anticipa parte del modelo
El cambio regulatorio resulta especialmente significativo al observar algunos de los grandes proyectos que España está poniendo ahora mismo sobre la mesa.
La candidatura española a una de las futuras gigafactorías europeas de inteligencia artificial ha convertido precisamente la infraestructura energética en uno de sus argumentos centrales.
En su emplazamiento principal de Móra la Nova, Tarragona, el proyecto prevé arrancar con hasta 55 MW y crecer hasta aproximadamente 150 MW entre 2029 y 2030. La documentación difundida por la candidatura incorpora, además, contratos renovables de larga duración, almacenamiento y gestión de la demanda para avanzar hacia una cobertura renovable sincronizada con el consumo, junto con un PUE previsto de entre 1,15 y 1,20.
Parte de aquello que hace unas semanas aparecía como un elemento diferencial para competir ante Bruselas se aproxima ahora al tipo de arquitectura energética que España quiere extender al conjunto de las nuevas grandes instalaciones.
Salas y la importancia de conseguir el acceso
También cambia la lectura de proyectos que todavía se encuentran en las primeras fases de desarrollo.
El campus de centros de datos anunciado este agosto en Salas, Asturias, contempla una inversión de 1.226 millones de euros y 120 MW de capacidad informática final. Cuando Conecta analizó el proyecto, la capacidad publicada por Red Eléctrica para el nodo Salas 400 kV se situaba en el entorno de los 153-155 MW, aunque esa disponibilidad no representa una reserva ni un permiso concedido al proyecto.
Precisamente ahí entra la nueva regulación. Conseguir capacidad eléctrica será solo una parte del proceso: si el Real Decreto sale adelante en términos similares a los actuales, proyectos de esta escala tendrán que demostrar además que cumplen las condiciones energéticas, hídricas y de cobertura renovable establecidas.
Y el Gobierno deja claro cuál es la cuestión de fondo. Los centros de datos presentan consumos elevados, continuos y poco flexibles y, a diferencia de la electrificación de procesos industriales o del transporte, su nueva demanda no sustituye necesariamente otro consumo fósil. Sin nueva generación renovable asociada, el Ejecutivo considera que su crecimiento puede incrementar las necesidades de generación y firmeza del sistema e incluso presionar al alza el uso de gas y los precios eléctricos.
La otra mitad de la norma: soberanía digital
Aunque la cuestión energética concentra buena parte de las implicaciones industriales, el proyecto incorpora una segunda dimensión: la soberanía digital.
Las entidades operadoras deberán acreditar determinadas condiciones relacionadas con su establecimiento en la Unión Europea, la permanencia en territorio europeo de los datos operativos bajo su control, la trazabilidad del soporte prestado desde terceros países y las medidas adoptadas ante solicitudes de acceso o transferencia de datos contrarias al Derecho europeo.
La regulación une así dos debates que hasta ahora han avanzado en paralelo: quién proporciona la infraestructura digital sobre la que funcionará la economía europea y cómo se alimentará físicamente esa infraestructura.
El Gobierno resume ese planteamiento como la necesidad de que las transiciones digital y ecológica avancen juntas. La cuestión práctica será otra: ante un volumen de proyectos que ya solicita mucha más capacidad de red de la que las previsiones apuntan que llegará a materializarse, España empieza a definir qué centros de datos quiere conectar y bajo qué condiciones.
Por ahora, se trata de un proyecto de Real Decreto, no de una regulación definitivamente aprobada. El texto se tramita por vía urgente y permanecerá en audiencia e información pública hasta el 3 de septiembre de 2026.
