El nuevo marco que el Gobierno prepara para ordenar el crecimiento de los centros de datos ya ha abierto un segundo debate. Si hace unos días la cuestión estaba en los aproximadamente 12 GW de capacidad eléctrica concedida o disponible frente a una demanda prevista para 2030 de entre 3,5 y 4 GW, ahora el foco se ha desplazado hacia las consecuencias que pueden tener las condiciones elegidas para poner orden en ese crecimiento.
Comunidades autónomas que han situado los centros de datos entre sus prioridades para atraer inversión, la patronal del sector y diferentes operadores han comenzado a pedir modificaciones. Las objeciones se concentran principalmente en cuatro cuestiones: la aplicación de las nuevas condiciones a proyectos que ya están en desarrollo, los plazos previstos, la obligación de asociar el consumo a nueva generación renovable y el riesgo de que unas exigencias más estrictas que en otros países europeos terminen desplazando inversiones.
El proyecto todavía no está aprobado. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantiene abierta la audiencia pública desde el 27 de agosto y fija el viernes 4 de septiembre como último día para presentar documentación. Después comenzará el análisis de las alegaciones antes de la elaboración del texto definitivo.
El 80% renovable, en el centro de las críticas
La propuesta afectará, con carácter general, a centros de datos con una potencia de acceso a la red igual o superior a 1 MW. Entre sus principales requisitos está que respalden, hora a hora, al menos el 80% de su consumo con energía procedente de nueva generación renovable mientras las renovables no representen más del 90% del mix eléctrico español. También introduce condiciones de eficiencia energética e hídrica y requisitos vinculados con la resiliencia y la soberanía digital.
La adicionalidad es uno de los puntos que más debate está generando. En términos sencillos, no bastaría con que un centro de datos compre electricidad renovable que ya existe en el sistema: la nueva demanda tendría que ir acompañada de nueva capacidad renovable. Según la propuesta del Gobierno, cada nuevo megavatio consumido deberá estar respaldado por nueva generación puesta en servicio dentro de las condiciones temporales establecidas en la norma.
El Ejecutivo defiende que la medida es necesaria para evitar que el fuerte crecimiento de estas infraestructuras acapare capacidad eléctrica necesaria para otros procesos de electrificación. La Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 calcula una demanda asociada a centros de datos de entre 3,5 y 4 GW en 2030, muy inferior a los permisos y solicitudes que actualmente están encima de la mesa.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha rechazado que se esté planteando una moratoria. “Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos”, afirmó esta semana en el encuentro de Ametic en Santander. El Gobierno sostiene que pretende evitar una posible expansión especulativa y priorizar infraestructuras sostenibles, eficientes y con mayor aportación económica y tecnológica.
Andalucía, Aragón, Extremadura y Madrid preparan o plantean cambios
La publicación del texto ha provocado, sin embargo, una respuesta especialmente intensa en algunas de las comunidades que más inversiones de este tipo están intentando captar.
Andalucía ha anunciado que presentará alegaciones. La Junta calcula que existen más de veinte proyectos, con más de 10.000 millones de euros de inversión, que podrían verse afectados por la propuesta y reclama que los criterios técnicos tengan en cuenta las diferencias climáticas y territoriales. Entre sus peticiones figuran un régimen transitorio para los proyectos en tramitación y una aplicación progresiva de algunos de los requisitos energéticos.
La posición andaluza introduce además un debate técnico: las condiciones climáticas influyen en los sistemas de refrigeración y, por tanto, en los indicadores de eficiencia energética y uso del agua. La Junta considera que imponer los mismos valores a instalaciones situadas en territorios diferentes puede perjudicar a zonas más cálidas y propone adaptar algunos parámetros a esa realidad.
Aragón ha elevado todavía más el tono. Su Gobierno considera que la norma genera inseguridad jurídica para inversiones que llevan años desarrollándose y critica que las condiciones puedan aplicarse también a proyectos que ya se encuentran en tramitación. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, sostiene que, si se aprueba como está, el decreto colocará a España en “clara desventaja frente al resto de Europa”.
La reacción tiene especial importancia en una comunidad que se ha convertido en uno de los principales destinos de los nuevos campus digitales españoles, con inversiones de AWS, Microsoft y Merlin Properties, entre otros operadores.
Extremadura también presentará alegaciones. La Junta extremeña no rechaza que exista una regulación específica, pero considera que las comunidades autónomas deberían participar en mayor medida en las decisiones y reclama criterios objetivos para determinar la madurez de los proyectos que necesitan acceder al sistema eléctrico. La región pretende convertir su elevada producción renovable en una ventaja para captar grandes inversiones digitales.
A las críticas se ha sumado Madrid, que concentra alrededor del 55% de la capacidad instalada de centros de datos en España. La Comunidad considera que imponer condiciones más estrictas que las existentes en otros mercados puede reducir la competitividad española y favorecer que nuevos proyectos terminen localizándose en otros países europeos.
SpainDC eleva la advertencia sobre la inversión
Las dudas no proceden únicamente de las administraciones autonómicas. SpainDC, la asociación que representa al sector español de centros de datos, comparte la necesidad de combatir la especulación y liberar capacidad eléctrica ocupada por proyectos sin perspectivas reales de ejecución, pero considera que la redacción actual va más allá de ese objetivo.
La organización estima que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría verse comprometida si las condiciones se mantienen como aparecen en el borrador. Es una estimación de la propia patronal, que señala que algunos proyectos estarían evaluando otras localizaciones europeas.
SpainDC pone el foco especialmente en la combinación entre adicionalidad renovable, correlación horaria, eficiencia energética e hídrica y en los plazos para adaptar proyectos que ya están avanzados. Su presidente, Emilio Díaz, ha cuestionado particularmente que instalaciones que llevan años en desarrollo dispongan de seis meses para adaptarse a determinadas nuevas exigencias.
Dentro del sector aparecen además objeciones más concretas.
Ignacio Velilla, CEO y cofundador de Templus, cuestiona la necesidad de asociar cada megavatio consumido a nueva generación renovable cuando el sistema español ya registra periodos con excedentes de producción limpia. La compañía considera que el consumo estable de los centros de datos podría ayudar precisamente a aprovechar parte de esa electricidad.
Desde la ingeniería Quark, Ricardo Abad señala otro problema: los tiempos. Desarrollar una nueva instalación eólica o fotovoltaica puede necesitar entre tres y cinco años entre tramitación, permisos y construcción, mientras que el borrador establece un margen mucho menor para disponer de la generación asociada al centro de datos. A ello se añade la dificultad de hacer coincidir hora a hora un consumo que funciona las 24 horas con fuentes como la solar o la eólica, cuya producción es variable.
También existen dudas sobre qué tipo de empresas podrán asumir más fácilmente estos requisitos. Javier Gómez Benito, responsable de Data Center & Digital Infrastructure en Adam, ha advertido de que elevar la complejidad y los costes puede terminar favoreciendo a los operadores de mayor tamaño frente a proyectos más pequeños.
Ni Cataluña ni Merlin ven el mismo problema
Las reacciones, sin embargo, no son uniformes.
La Generalitat de Cataluña ha asegurado que los más de treinta proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo en la comunidad no tendrán que ser modificados como consecuencia de la nueva regulación. Según fuentes de la administración catalana, Cataluña ya estaba aplicando condiciones estrictas sobre energía, agua e impacto ambiental a los nuevos centros de datos.
Y también existe un contrapunto desde el propio mercado.
Merlin Properties, uno de los grandes promotores españoles de centros de datos, ha asegurado que el Real Decreto no modificará su hoja de ruta porque sus proyectos ya cumplen los nuevos requisitos planteados. La compañía prevé invertir 4.470 millones de euros en este negocio entre 2026 y 2030.
La diferencia entre estas posiciones será uno de los elementos que habrá que observar cuando se conozca el resultado de las alegaciones: hasta qué punto las exigencias obligarán a rediseñar proyectos reales y avanzados y hasta qué punto afectarán principalmente a iniciativas que todavía no tienen completamente resueltos aspectos como su suministro eléctrico, generación renovable o consumo de recursos.
El debate también llega al proyecto de Salas
Asturias tampoco queda completamente al margen de esta discusión.
El Digital Valley Asturias anunciado este verano en Salas plantea una inversión de 1.226 millones de euros, diez módulos de centros de datos y una capacidad informática final de 120 MW. La tramitación está prevista entre 2026 y 2027 y el complejo se desarrollaría progresivamente hasta finales de 2030.
El proyecto ya había servido para explicar en Conecta por qué la nueva regulación puede resultar especialmente relevante para los grandes campus que todavía se encuentran en fases iniciales. Al volumen de capacidad eléctrica necesario se sumarían ahora, si el texto sale adelante en términos similares a los actuales, las obligaciones sobre renovables, eficiencia energética, agua y demás requisitos previstos por el Gobierno.
La discusión ha llegado ya expresamente a Asturias. RTPA informó el 29 de agosto de que las dudas planteadas por la patronal sobre requisitos como la nueva generación renovable podrían afectar a iniciativas como Digital Valley Asturias. Por el momento, no consta una valoración pública específica del promotor detallando cómo encaja el proyecto de Salas en cada una de las nuevas condiciones.
Precisamente esa será una de las cuestiones que habrá que seguir cuando termine la fase de alegaciones.
El 4 de septiembre, primer punto de llegada
Por ahora se está discutiendo un proyecto de Real Decreto, no una regulación definitivamente aprobada. Las comunidades autónomas y las empresas tienen todavía margen para intentar modificar el texto y el Gobierno ha defendido públicamente que su intención no es frenar la construcción de centros de datos.
Las diferencias están en cómo hacerlo.
El Ejecutivo quiere evitar que una carrera por reservar capacidad eléctrica termine bloqueando la red con proyectos que nunca lleguen a construirse. Buena parte del sector y varias comunidades aceptan esa necesidad, pero sostienen que los requisitos actuales pueden alcanzar también a inversiones que sí están avanzadas y hacerlas menos competitivas frente a otros países.
El 4 de septiembre termina, salvo modificación del calendario, el periodo oficial de alegaciones. A partir de ahí habrá que comprobar qué propuestas incorpora el Gobierno al texto definitivo y, sobre todo, si las advertencias de estos días se traducen en cambios en los proyectos o en las decisiones de inversión.
